LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El ampliado nacional de la Federación de
Trabajadores Mineros de Bolivia realizado hoy determinó no asistir a la reunión
tripartita convocada por el gobierno nacional, mientras que los mineros
cooperativizados desistieron de ingresar al distrito minero de Colquiri para
evitar enfrentamientos.
“No vamos a asistir (a la convocatoria), la respuesta que tiene que darnos
el gobierno en concreto es sobre la reversión total del yacimiento de Colquiri,
sino (ocurre aquello) vamos definir las acciones a tomar en el ampliado
nacional de la Central Obrera Boliviana en Cochabamba (este viernes)”,
sentenció el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Mineros de
Bolivia (FSTMB), Miguel Pérez.
En Caracollo, luego de realizada una asamblea de emergencia, los mineros de
la cooperativa 26 de febrero decidieron no ingresar a Colquiri en respuesta al
pedido del Ministro de Gobierno, Carlos Romero.
“Hemos hecho el análisis del pedido del Ministro de Gobierno sobre deponer
actitudes para evitar enfrentamientos (…) se va a desmovilizar la gente y
esperamos que las autoridades que están allá (en Colquiri), el Defensor del
Pueblo, Derechos Humanos, el Ejército y la Policía resguarden y que no haya más
presión de ningún lado”, declaró el presidente del comité de vigilancia de la
cooperativa 26 de Febrero, Basilio Montaño.
Resolución de los asalariados
El ampliado nacional de los mineros asalariados mantiene su determinación
de exigir al gobierno la reversión del cien 100 por ciento del yacimiento
minero de Colquiri, que debe concretar mediante un decreto supremo, para que
sea explotado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Al mismo tiempo reitera el pedido de renuncia del ministro de Minería,
Mario Virerira, del presidente de la Comibol, Héctor Córdova, el gerente
Técnico, Jorge Collazos y del director de Comibol, José Pimentel.
El ampliado declaró mártir a Héctor Choque, minero caído en la ciudad de La
Paz tras el ataque a la sede de la Federación de Trabajadores Mineros por
cooperativistas.
También dan un plazo de 30 días al gobierno para la elaboración de una ley
corta contra el avasallamiento.
Piden conocer la demanda de los 13 puntos de los cooperativistas para
participar también de esa decisión.
Exigen la culminación de la ley minera para contar con una normativa que
regule la entrega de áreas de explotación. “No aceptamos que nuestra reserva
fiscal sea entregada al sector cooperativo y por eso estamos en emergencia”,
dijo.
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