El economista e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrario (CEDLA), Carlos Arze Vargas, autor de varios estudios y
análisis sobre la problemática minera en el país señala que “el conflicto entre
cooperativistas y asalariados mineros, es el resultado de causas estructurales
en el país; como la falta de desarrollo económico, insuficiente generación de
fuentes de empleos, y una permanente migración desde el campo hacia las zonas
productoras de minerales”.
Resultado del conflicto entre cooperativistas y asalariados por el control
de la veta Rosario de la mina Colquiri, un minero dependiente de la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol) perdió la vida, mientras que otros seis resultaron
heridos, como consecuencia del ataque con dinamitas protagonizado el martes 18
de septiembre, por los cooperativistas a la sede sindical de la Federación de
Trabajadores Mineros de Bolivia situada en el paseo El Prado.
Según Arze, las causas estructurales que atraviesa el país, ha generado una
mayor presión sobre determinados sectores que tienen cierta dinámica
interesante en la actual coyuntura, “el crecimiento de las cooperativas es tan
explosivo, se ha más que duplicado en la última década, y eso es porque no hay
más alternativas, hay crisis de producción, ligada a la propiedad de la tierra
y a las condiciones precarias de producción en el campo”. Se estima que
actualmente hay más de 120.000 cooperativistas a nivel nacional.
La coyuntura de los precios altos de los minerales en el mercado
internacional –dice el economista- ha generado mayor dinámica en los sectores
extractivos. “La reforma del neoliberalismo ha expulsado a miles de personas
del sector formal, se dio la liberalización de las áreas fiscales para que los
trabajadores mineros accedan a yacimientos agotados o con menor riqueza, y se
constituyan en cooperativas y empresas”, afirma.
“Lo que hoy se están disputando entre asalariados y cooperativas es apenas
un porcentaje muy pequeño de la producción de yacimientos y de su venta porque
el gran porcentaje se lo sigue llevando un par de empresas, particularmente San
Cristóbal, entonces, el Gobierno no quiere afectar a estas empresas porque no
ha hecho ninguna nacionalización de minas, y ha alentado a esta formación
espontánea de cooperativas, y estimulado la formación de empresas dentro de las
cooperativas”, asegura al Periódico Digital PIEB.
De acuerdo a información oficial del Ministerio de Minería y Metalurgia, el
extractivismo minero está concentrado en un 75,12 por ciento en manos de la
minería mediana y trasnacional; el 22,95 por ciento en la minería chica y
cooperativizada, y el 1,93 por ciento en la minería estatal.
Los privilegiados de la minería
El economista e investigador, Hans Möeller, coordinador del estudio
“Dinamitas y Contaminantes. Cooperativas mineras y su incidencia en la
problemática ambiental”, afirma que el crecimiento de las cooperativas mineras
en el país, es producto de la falta de fuentes de empleo, ya que el Tesoro
General de la Nación (TGN) no tiene la capacidad de formalizar y absorber a
todo este sector al Estado.
Considera que siempre habrán dificultades entre los mineros asalariados y
los cooperativistas porque mientras los primeros, son trabajadores
“privilegiados”, que cuentan con un salario fijo --produzcan o no--, un sistema
de seguros, herramientas, mecanización, luz eléctrica, casa, agua y transporte
subvencionados, los segundos, deben pagar desde su uniforme de trabajo, sus
materiales, explosivos, mangueras, perforadoras, y producir una cantidad mínima
diaria para garantizar su sobrevivencia y la de sus familias.
“En el caso de los asalariados, todas las pérdidas las asume el Estado,
pero el cooperativista se muere de hambre si no produce, porque no tiene
ingresos”, subraya.
Según Möeller, el sector cooperativizado minero tuvo la virtud de generar
miles de fuentes de empleos, incluso a campesinos sin mucho conocimiento de
minería, en tareas muy rudimentarias y elementales.” Por esa razón son más de
100.000 personas porque han absorbido esa mano de obra desocupada, que en gran
parte del año trabaja en las cooperativas en las zonas aledañas a las minas, y
en la época de cosecha y siembra se van al campo”, explica.
El investigador afirma, que luego de la relocalización de los trabajadores
mineros en los años 80´, los únicos que se quedaron “arañando” en las minas
fueron los cooperativistas, quienes encontraron nuevas vetas en los
yacimientos, mientras que los asalariados fueron indemnizados con fuertes
montos de dinero que tuvo que pagar el Estado.
Al referirse a los procesos de producción desmiente aquellas afirmaciones
que responsabilizan a las cooperativas de provocar las mayores contaminaciones
ambientales. “Las cooperativas mineras son rudimentarias; no tienen los
ingenios enormes como el que tiene Huanuni –ahora a cargo de Comibol- o el
ingenio enorme en Colquiri, que son los mayores contaminantes en Bolivia. Estas
son las grandes mentiras que se dice respecto las cooperativas”.
Möeller explica que los cooperativistas mineros desarrollan un trabajo muy
rudimentario porque muelen las rocas con sistemas manuales, limpian los
minerales sin utilizar reactivos, ni generan las toneladas de contaminantes que
expulsan los grandes yacimientos.
“En las minas que están en el sur de Potosí, miles de toneladas son
lanzadas en el altiplano. El problema en Oruro es que son lagos son
endorreicos, por tanto, los contaminantes se quedan y se acumulan en las zonas
del lago Poopó, salares y en la zona de Uru Uru y no tienen salida. Las grandes
mineras están haciendo daño cien veces que el daño pequeño, -que también lo
hay- por parte de las cooperativas”, asegura.
De acuerdo a estudios realizados por la Universidad Técnica de Oruro (UTO),
las cooperativas mineras son las menos reguladas por el Estado en cuanto al
cumplimiento de las normas ambientales y tributarias.
Sin embargo, Möeller asegura que los cooperativistas no solo pagan regalías
por extracción e impuestos por exportación, sino que también vuelven a
reinvertir sus utilidades en su producción.
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