LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El juez Sexto de Instrucción en lo Penal,
Fernando Rivadeneira, ordenó el miércoles la reclusión preventiva del ex
director general de Control de Coca e Industrialización (DIGCOIN), Luis Cutipa,
imputado por delitos de corrupción en el presunto desvió de coca y venta de
licencias de comercialización.
La audiencia cautelar se inicio a
la 10h30 y se prolongó hasta las 15h00 porque el abogado defensor presentó un
incidente procesal, rechazado por el
juez, que convalidó el pedido del Ministerio Público, que pidió la detención
preventiva.
El jurista dijo que entre los
riesgos procesales para asumir la detención preventiva evaluó el peligro de
fuga y la obstaculización a la investigación del Ministerio Público.
Mientras se desarrollaba la
audiencia, un grupo de productores de coca de los Yungas instalaron una vigilia
pidiendo justicia y la libertad de Cutipa.
Ante esa situación, el fiscal
asignado al caso, Roger Velásquez, abandonó apresuradamente el juzgado y
manifestó que 'sobre la base de la imputación que formuló el Ministerio
Público, el juez consideró que son valederos y ordenó detención preventiva de
Cutipa, en el penal de Patacamaya'.
El ex director de DIGCOIN debe
asumir defensa por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de
influencias, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, beneficios
en razón del cargo y concusión.
El jurista informó que no forman
parte de la investigación supuestas denuncias de nepotismo y acoso sexual.
En esa línea, recordó que
investiga hechos de corrupción referidos al incremento del costo de las
licencias de comercialización y el presunto desvió ilegal de la coca incautada
a favor de personas particulares.
Por su parte, Andrés Suñiga, abogado
de Cutipa, denunció que violaron los derechos y garantías de su defendido
establecidos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones y
Tratados Internacionales vigentes.
'Pese a que la imputación del
Ministerio Público concluyó con ausencia de fundamento, se emitió una
resolución de detención preventiva violentando los derechos y garantías',
enfatizó.
Explicó que en la audiencia
'activaron el recurso de apelación para que un Tribunal Superior valore esa
situación'.
Aclaró que los descargos
establecen que DIGCOIN donó taques de coca a petición expresa de los
movimientos sociales para acullicar en las concentraciones y eventos políticos.
Sobre el costo de las licencias
de comercialización, explicó que se incrementaron a 1.200 bolivianos,
cumpliendo una resolución y en consenso con los comercializadores de coca al
detalle.
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