Considera que la
imagen incita al racismo
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La imagen de Esteban Urquizu que generó esta polémica.
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LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia
(ANP) denunció que un fiscal de la ciudad de Sucre prohibió al periódico local
Correo del Sur la publicación de fotografías del gobernador del departamento de
Chuquisaca, Estéban Urquizu, y advirtió que la medida “contraviene toda norma
constitucional y vulnera libertades de carácter universal propias de un clima
democrático”.
La ANP explicó que un requerimiento emitido por el fiscal de Materia, Jorge
Romay Pulido, el jueves 18 de abril de 2013, exige al medio impreso que a “la
brevedad posible” se deje sin efecto la publicación de la imagen del
Gobernador.
La medida, según la organización que agrupa a los principales medios
escritos de Bolivia, “hace ejercicio de un particular y vertical exceso de autoridad”
al prohibir que se difundan las fotografías de la autoridad departamental que
cumple una función pública.
El fiscal Romay argumenta su requerimiento en que una imagen del gobernador
Urquizu, incluida en un aviso pagado por una fábrica de cemento, lleva el
“rostro y manos totalmente manchados” y recuerda que el artículo 21 de la
Constitución Política del Estado (CPE) “refiere que todo boliviano y boliviana,
tiene derecho a la privacidad, intimidad, honra, propia, imagen y dignidad”.
Pese a que el aviso pagado y difundido lleva con claridad la autoría,
origen y responsabilidad por su contenido, el fiscal Romay requiere que el
Director del periódico de la Capital de la República, “certifique qué persona
y/o institución contrató el espacio publicitario”, señala la denuncia de la
ANP.
La organización que asume la defensa de los principios constitucionales y
la libertad de expresión, advierte un “ejercicio de autoridad cercano al
propósito de incomodar a los medios de comunicación independientes”.
Recuerda que un fiscal no tiene atribuciones para prohibir la difusión de
mensajes, según la Ley del Ministerio Público y que la atribución es propia de
un juez en lo civil, a demanda del derecho a la imagen presentado por la parte
afectada.
El requerimiento fiscal argumenta una “difusión e incitación al racismo y
la discriminación” comprendida en el Artículo 281 de la Ley Contra el Racismo y
Toda Forma de Discriminación, y señala “difamaciones racistas,
discriminatorias…”
Según la organización de los medios impresos, el empleo de este argumento,
también fue usado en otro caso para abrir un proceso penal contra dos
periódicos y una agencia de noticias.
Ello “sólo confirma aquello que denunció la ANP en octubre de 2010: esta
norma solamente tiene por finalidad castigar la independencia de los medios de
comunicación, silenciar a quienes defienden las libertades ciudadanas, sin
cumplir el propósito para el que fue sancionado”, expresa el comunicado.
“Por las consideraciones anotadas y los antecedentes señalados, la ANP
rechaza la orden de suspender la difusión de las imágenes del gobernador
Urquizu por constituir un nuevo atropello a las libertades democráticas y llama
a la Fiscalía a defender los intereses colectivos en lugar de parcializarse”,
concluye el pronunciamiento.
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