ORURO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Las autoridades de los suyus Jach’a Carangas,
Jakisa, Sura y Uru denunciaron que el gobierno de Evo Morales y la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) elaboran leyes que los involucra, pero sin la
participación y consentimiento de los indígenas, para su promulgación.
“Vemos con profunda preocupación y extrañeza que el Gobierno, a través de
los ministerios correspondientes, redactó -sin consenso- los proyectos de las
Leyes Minera, Derecho a la Madre Tierra, Aguas y Consulta previa, libre e
informada, sin la participación de sectores sociales y en especial de las
naciones y pueblos indígenas originarios”, señala la resolución.
El documento agrega que la mayoría de los recursos naturales se encuentran
en sus territorios y por lo tanto, atenta contra los derechos de participación
social en la elaboración de leyes. La denuncia surgió tras una reunión que
sostuvieron las autoridades de las cuatro organizaciones afiliadas al Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
“El proyecto de Ley de Minería tiene el espíritu de favorecer a la
minería privada y en especial a las transnacionales, otorgándoles facilidades y
flexibilizando la legislación en temas ambientales, desconociendo y
vulnerando los derechos de los pueblos indígenas originarios,
repitiéndose la política minera establecida por la Ley 1777 Código de
Minería, aprobado por Sánchez de Lozada, contradiciendo de esa forma los
principios inscritos en la Constitución Política del Estado”, indica.
Los indígenas piden al Gobierno de Morales que se respete la propuesta de
consulta que presentó el CONAMAQ, en 2010, ante el Órgano Legislativo y el que
redactó el Pacto de Unidad sobre la Ley de Madre Tierra.
“Denunciamos que el proyecto de Ley de Consulta del Gobierno, de manera
abierta plantea la vulneración del Derecho a la Consulta previa, libre e
informada, convirtiéndola en solo una consulta pública, ajena a los principios
del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU y de la Constitución
Política (del Estado), desconociendo el respeto a los procedimientos propios
que debería regir los procesos de consulta a las naciones y pueblos indígenas
originarios”, destaca.
Oruro, 19 agosto 2012 – A.A./
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