LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Una sistematización y análisis sobre 249 denuncias
de acoso y violencia política contra mujeres (2000-2009) logró identificar
trece tipos principales de actos de violencia, de los que el principal, con un
41 por ciento, se refiere a la presión contra las autoridades electas para que
suscriban todo tipo de documentos (incluso papeles en blanco) o avalen
decisiones contrarias a sus principios e interés público.
Los trece tipos de actos de violencia identificados fueron incorporados en
la propuesta de ley contra el acoso y la violencia política en razón de género,
que finalmente se aprobó el 28 de mayo de 2012.
La consultora legal de ACOBOL (Asociación de Alcaldesas y Concejalas de
Bolivia), Ingrid Davezies, explicó que de esa manera se cuenta ahora con un
instrumento jurídico legal para exigir que no sólo se protejan los derechos
políticos de las mujeres, sino que se garantice no cometer más acoso y
violencia política, cita el periódico digital del PIEB.
Del total de casos denunciados entre 2000-2009, el 40 por ciento fue
derivado a instancias públicas de gobierno “pero quedaron impunes”: 32,4 por
ciento no tuvo ningún tipo de respuesta, mientras que en el 7,6 por ciento de
los casos, las instituciones se excusaron indicando no tener competencia en la
situación.
Las mujeres autoridades, titulares o suplentes, son principalmente forzadas
a firmar documentos en contra de su voluntad (incluso papeles en blanco, que
temen sean utilizados para presentar su renuncia), seguido de la coacción para
el cumplimiento efectivo de sus funciones.
Davezies advierte que si bien se ha logrado promover la participación
política de las mujeres, todavía no se ha alcanzado el 50 por ciento de esa
presencia en espacios estratégicos de toma de decisiones, considerando puestos
que van desde nivel central hasta el nivel departamental, regional y municipal.
Un hecho que marcó la situación de las mujeres que ejercen responsabilidad
de cargos público fue el asesinato de la concejala Juana Quispe, el año pasado.
La intervención del Programa Conjunto: Promoviendo el cambio en paz logró
sistematizar la información sobre la intervención en la prevención de la
violencia política, así como mejorar la prestación de servicios legales de
ACOBOL.
A la vez se trabajó en el diseño de un protocolo de atención a las víctimas
de acoso y violencia política en razón de género, después de un proceso de
formación y sensibilización a los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y
del Órgano Electoral Plurinacional en esta temática.
Este trabajo se hizo en el marco del Programa Conjunto: Promoviendo el
cambio en paz, impulsado por varias agencias de la Organización de Naciones
Unidas. En este caso los actores centrales fueron ACOBOL, sus filiales en todos
los departamentos del país, asociaciones municipales y otras instituciones
gubernamentales interesadas en el tema.
En las conclusiones del estudio de caso se plantea que “la frágil posición
de las mujeres se refleja en su necesidad de responder muchas lealtades: el
electorado, las organizaciones de mujeres, otros concejales y con frecuencia a
estructuras de partido sumamente jerárquicas y dominadas por los hombres”.
La Paz, 25 agosto 2012 – L.F.C./
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