LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) condenó
este viernes el juicio instaurado por el gobierno contra la Agencia de Noticias
Fides (ANF) y los periódicos “El Diario” y “Página Siete” por una supuesta
distorsión de las declaraciones del presidente Evo Morales y pide resolver el
tema en el marco de la Ley de Imprenta.
“La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresa su protesta enérgica por
la decisión gubernamental de instaurar querella contra la Agencia de Noticias
Fides (ANF) y los periódicos ‘El Diario’ y ‘Página Siete’ por el presunto
delito de ‘Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación’, en el marco
de la Ley No 045, de 8 de octubre de 2010, y en base al Código de Procedimiento
Penal”, se lee en el pronunciamiento de la entidad.
El documento hace referencia al artículo 107, parágrafo II de la
Constitución Política del Estado, que dice: “La información y las opiniones
emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los
principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán
mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de
periodistas y medios de comunicación y su Ley”.
La ANP recuerda que está en plena vigencia la Ley de Imprenta, tal como lo
reconoció el presidente Evo Morales en reunión con dirigentes de las
organizaciones de Prensa y Periodistas el 15 de febrero del presente año. “En
esa ocasión, el propio presidente del Estado descartó cualquier
modificación de la norma o la creación de otra destinada a regular el trabajo
de los medios”, agrega.
De la misma manera, sostiene el pronunciamiento, están en plena vigencia y
funcionamiento los mecanismos encargados de velar por el cumplimiento de las
normas éticas institucionales y empresariales, así como los mecanismos de
autorregulación.
Sin embargo y tras los anuncios iniciales de “querella criminal” de los
señores ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Comunicación, Amanda Dávila,
contra la Agencia de Noticias Fides, hoy hemos sido sorprendidos por otro
recurso legal del Ministro de la Presidencia, mediante su representante legal,
que acude al artículo 281 del Código Penal para emplear la figura de la
“difusión e incitación al racismo”, agrega.
“Toda vez que está vigente el compromiso presidencial de respeto a las
normas legales que regulan las actividades de los medios de Prensa así como los
mecanismos de ética y autorregulación reconocidos legalmente –indica el comunicado–
resulta ilógica la actuación de algunos niveles gubernamentales que intentan
condenar a los medios independientes atribuyéndose funciones que no les
corresponde”.
“La ANP mantiene su posición invariable, defendida incluso en las calles y
en foros nacionales e internacionales, de respeto a la Ley de Imprenta. Es bajo
esa norma que deben resolverse las diferencias de enfoque e interpretación
respecto a la difusión en los medios del discurso del señor Presidente”, añade
el documento.
Reiteramos nuestra solidaridad y defensa de los medios de comunicación,
dice, bajo las libertades constitucionales que deben guiar las actuaciones de
autoridades, ciudadanos e instituciones, en un clima de saludable democracia.
La Paz, 24 agosto 2012
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