“Nosotros como organizaciones
sociales, en coordinación a nivel de las seis federaciones, hemos dicho bien
claro de que la consulta va adelante y la carretera se hace, nosotros siempre apoyamos
a nuestros verdaderos hermanos indígenas del Tipnis material y moralmente,
porque la carretera es desarrollo”, dijo Bustamante.
El Ministro de Obras Públicas,
Servicios y Viviendas, Vladimir Sánchez, aseguró que la consulta se realizará
tal como está programada en la ley de consulta, en tanto no exista una
modificación.
“Mientras no se modifique la ley
(222), el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
tenemos la obligación de llevar adelante los plazos de la consulta, además hay
una sentencia del Tribunal Constitucional que tenemos que llevarla adelante. Si
hay una modificación de la ley, nosotros como servidores públicos acatamos
inmediatamente esa ampliación”, dijo.
El vicepresidente Álvaro García
Linera, declaró que “no debemos casarnos con las fechas” y dejó abierta la
posibilidad para posponerla de ser necesario.
“Si las autoridades responsables
ven por conveniente iniciar esa fecha, adelante; pero si ven por conveniente
dejar unos días para garantizar una amplia y transparente consulta, hay que
hacerlo (…), no tenemos premura, hay que hacer y comenzar la consulta en el
momento que sea más conveniente”, señaló.
El Defensor del Pueblo, Rolando
Villena, señaló que el gobierno debe retrasar el inicio de la postconsulta
porque “no ha cumplido con el espíritu de la sentencia” del Tribunal
Constitucional que pide concertar con todos los pueblos indígenas del Tipnis.
“Esta situación no se ha dado
porque existe un escenario de polarización entre pueblos indígenas, de enfrentamientos
(...), será cuestión de bajar los ánimos, ver el tema con más objetividad,
racionalidad y posponer la consulta para otra fecha”, declaró.
El sacerdote e investigador
jesuita, Xavier Albó coincidió con la posición de Villena y aseguró que las
condiciones para realizar la consulta todavía no están dadas.
“No están dadas las condiciones y
es porque no hay una aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que
señala que se tiene que realizar la consulta mediante concertación y buena fe
(…) el hecho vaya Evo en persona a un montón de comunidades y a esos que hacen
la (IX) marcha les diga que atentan contra el gobierno y todo eso, no es de
buena fe; entonces las condiciones ciertamente no están dadas”, apuntó.
El pasado 29 de marzo, el representante
de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH-Bolivia), Denis Racicot, señaló que las posiciones encontradas entre
el gobierno y los indígenas impedían llevar a cabo la consulta.
“No hay acuerdos previos, las
partes no hablan el mismo idioma, no hay un marco de referencia común para
decir por ahí hay la solución”, señaló.
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