ARGENTINA (ANBOLIVIA / Tomado de Clarín.com).- A través de una cadena nacional, el gobierno argentino anunció este lunes formalmente el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51por ciento de YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”.
El proyecto lleva por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. En lo esencial, tiene varios puntos de contacto con el texto que había trascendido la semana pasada y que ya era analizado por legisladores oficialistas, aunque éste incorpora los reclamos de las provincias productoras de hidrocarburos.
El primer artículo del proyecto, de un total de 19 y que hoy mismo será enviado al Parlamento, declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.
Ese marco es el que permite la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51 por ciento de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional tendrá el 26,01 por ciento del total y las provincias productoras, el 24,99 por ciento.
El texto establece, además, que el 51 por ciento a expropiar estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima”; que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias, además, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y que “se encuentra prohibida la transferencia posterior de tales acciones (las expropiadas) sin la autorización del Congreso de la Nación”.
El proyecto que tratará el Congreso Nacional fija también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.
Pese a que, si se aprueba la ley –algo previsible dada la mayoría legislativa del oficialismo- el Estado pasará a controlar el 51 por ciento de la petrolera –la mayor empresa del país-, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que “no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una conducción profesionalizada”.
Más allá del capítulo sobre la expropiación del 51 por ciento de YPF, el proyecto establece también que, en el marco de la soberanía hidrocarburífera, el Estado “arbitrará las medidas conducentes” para, entre otros objetivos, la “conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación”; la “integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas”; la “maximización de las inversiones”; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado” y la “explotación racional” de los recursos.
Asimismo, crea un “Consejo federal de hidrocarburos” en el que participarán los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria y que promoverá “la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales”. (Tomado de clarin.com)
Buenos Aires, Argentina, 16 abril 2012
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