LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ERBOL).- Legisladores del
Movimiento Al Socialismo (MAS) plantean modificar “totalmente” la Ley de
Imprenta (vigente desde enero de 1925) por considerarla “obsoleta” e
“ineficaz”, argumento basado en la falta de sanciones a medios o periodistas
que hubiesen incurrido en faltas en los últimos años.
Según el diputado
oficialista, Franklin Garvizu, esta norma genera una suerte de “fuero” para los
trabajadores de este gremio que incurren en “tergiversación mercantilista”, que
genera discriminación hacia la ciudadanía al evitar que exprese libremente sus
ideas. “No es lo mismo los trabajadores que los grandes dueños”, enfatizó el
legislador.
Respecto a la
“autorregulación” –precepto que surge de la Ley de imprenta y que es
establecido en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE)– el
asambleísta manifestó que hasta ahora este aspecto no es entendido de forma
“ética”. “¿Cuántos medios de Comunicación han sido sancionados?”, increpó
Garvizu a manera de reflexión.
Con una posición más
cauta, el diputado Evaristo Peñaloza, dio toda la razón a los periodistas
afirmando que los medios deben mantener sus “conquistas”, aunque aseveró que
este precepto debería ser mantenido sin perjudicar a los “compañeros
periodistas”.
Apelan a la
modificación total
Declaraciones vertidas
por el diputado del MAS, Galo Bonifaz, indican que produce la recomendación de
las “organizaciones sociales” se busca cambiar todos los aspectos referidos a
la Ley de Imprenta, misma que en sus palabras se habría convertido en un “manto
de impunidad”.
Las organizaciones se
pronuncian
La Asociación Nacional
de la Prensa (ANP) anticipó hoy acudir a organismos internacionales para
denunciar los procesos penales que el gobierno instauró contra la Agencia de
Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario. Asimismo se anunció una demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 23 de la Ley 045 con el
racismo y toda forma de discriminación.
Con el mismo tenor, la
Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) optó por observar la
denuncia penal presentada en contra de tres medios de difusión, solicitó a los
operadores de justicia canalizar la misma a la jurisdicción de imprenta y pidió
a la Alcaldía la reactivación de los Jurados de Imprenta establecidos en la
Ley.
Mientras que en el
ámbito nacional son cuatro los sindicatos que ya protagonizaron movilizaciones
contra esta acción gubernamental y en el contexto internacional, la
organización Reporteros Sin Frontera (RSF) solicitó que se declare improcedente
el proceso penal.
La Paz, 28 agosto 2012
– J.A.P./
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