Según el protocolo, el observatorio
regional estará integrado por profesionales y autoridades de las procuradurías
de Paraguay, Ecuador y Bolivia, además de invitados del Órgano Judicial,
Ejecutivo, Legislativo, de la Fiscalía, de la Contraloría General del Estado
(CGE) y de otras instancias de la administración pública, involucradas en la
defensa estatal.
'El Observatorio Regional agrupará
criterios uniformes de defensa legal de los estados en problemas de inversiones
y la relación con mecanismos de resolución de controversias', explicó el
Procurador General del Estado de Bolivia, Hugo Montero.
A su juicio, hay mecanismos de resolución
de conflictos muy cuestionados por varios estados, entre ellos Bolivia, que
observa el convenio con el Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones
(CIADI), al que califica como un organismo pro empresas, que se parcializa con
las transnacionales.
'Con la actitud del CIADI, no se respetaba
la soberanía de los estados y no tenían ninguna posibilidad de buscar
resoluciones justas en caso de controversias', complementó.
Recordó que la propuesta de implementar un
mecanismo regional de resolución de controversias en temas de inversión de
propuestas fue planteada 'hace mucho' en la Unión de Países Suramericanos
(UNASUR) y entre los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de
América (ALBA).
'No vendría mal tener también una
instancia, un observatorio que vaya a ayudar a razonamientos y resoluciones
justas, donde los estados no sea vean perjudicados', justificó.
El Procurador General del Estado de Bolivia
consideró que cuando una resolución afecta a los intereses de los estados, no
afecta al interés de un grupo, de un particular, sino está afectado al interés
de todo un pueblo y en el caso de Bolivia, a más de diez millones de
bolivianos.
Destacó que en el encuentro 'Defensa Legal
de los Estado: Temáticas de Actualidad' se contribuyó a mejorar las políticas y
estrategias de defensa legal de los intereses patrimoniales de los Estados.
Además de generar un espacio de intercambio
de experiencias y propuestas de buenas prácticas contractuales, jurídicas,
arbitrajes y normativas que promueven la sustentabilidad y eficiencia en el
ejercicio de servicios de defensa legal y extrajudicial de los intereses del
Estado.
Resaltó la participación del Procurador de
Ecuador, Diego García Carrión, que dijo compartió sus experiencias en torno al
tema de los contratos, inversiones y la solución de controversias relativas a
inversiones.
Además, del Procurador General del
Paraguay, Pedro Rafael Valiente, que también intercambió sus experiencias en la
defensa legal del Estado y problemáticas similares en la región.
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