LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó que la renuncia del fiscal Marcelo Soza no libera de responsabilidad a las personas que fueron imputadas por el Ministerio Público en el caso terrorismo y alzamiento armado, cuyo juicio se realiza en Santa Cruz, y recordó que subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra a la población, constituye un grave delito penal sancionado en el marco de las leyes en vigencia.
Saavedra argumentó que las acusaciones contra los 38 imputados fueron presentadas después que el Ministerio Público realizó la valoración sobre el grado de participación de cada uno de los acusados y 'también porque fueron encontrados los suficientes elementos de convicción que involucran a esas personas en los hechos de terrorismo y separatismo'.
'No debemos olvidar que el separatismo es un grave delito contra la Seguridad del Estado, toda vez que propugna la disgregación del territorio nacional mediante una lucha armada', respaldó.
A su juicio, la población boliviana no debe olvidar que las personas que están siendo procesadas por 'estar supuestamente involucradas en las acciones de terrorismo y separatismo', trajeron al territorio nacional un grupo de mercenarios extranjeros, para propiciar una lucha armada, orientada principalmente a dividir Bolivia y por consiguiente derrocar al gobierno constitucionalmente constituido.
El Ministro de Defensa calificó de 'afán distraccionista' las versiones de la oposición, que aseguran que las investigaciones y el proceso penal no avanzan, en una acción que dijo no sólo busca confundir a la opinión pública, sino pretende liberar moralmente de sus responsabilidades a todos los implicados.
'El Ministerio Público tiene la gran responsabilidad de profundizar las investigaciones sobre la participación y grado de participación de cada una de las personas acusadas, estableciendo además los nexos financieros de las distintas instituciones que han sido observadas', complementó.
Recordó que las investigaciones financieras que realizó el Ministerio Público, basadas en el pago de los pasajes aéreos de los súbditos extranjeros, su estadía en lujosos hoteles, la compra de armas de grueso calibre, explosivos, servicios de comunicación y dotación logística al grupo liderado por Eduardo Rózsa Flores, evidencian que existió un grupo de personas que dirigió y financió las actividades de este grupo irregular.
Además, Saavedra dijo que la opinión no debe olvidar que Rózsa y sus mercenarios poseían un alto grado de entrenamiento y conocimiento de estrategias militares, que iban a ser utilizados en acciones militares para dividir el país.
'Es pertinente recordar que en función a los correos electrónicos encontrados en la computadora de Rózsa, se pudo establecer que el grupo armado tenía todo planeado para derrocar al Gobierno del Presidente Evo Morales, para lo cual procedía a organizar un ejército irregular', respaldó.
Dijo que los principales promotores y sospechosos de esas acciones separatistas se encuentran prófugos y anunció que se coadyuvará con el Ministerio Público para que sean extraditados y respondan ante la justicia por sus acciones.
Entre los prófugos figuran el ex presidente cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic Jovicevic; el abogado de la Cámara de Industria y Comercio, Alejandro Melgar Pereira; el ex presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Cejas López; el ex dirigente de la UJC, Alfredo Saucedo Ayala; el abogado Alejandro Brown Ibáñez; el ex gerente del Comité Cívico, Lorgio Balcázar Arroyo; el ex funcionario de la Fexpocruz, Enrique Vaca Pedraza; además de Hugo Achá Melgar, presidente de la fundación Human Reigth Foundation-Bolivia, principal sospechoso de recolectar recursos económicos de las organizaciones empresariales de Santa Cruz.
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