LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Los recientes actos de corrupción registrados en
el último año conmueven al conjunto de la sociedad boliviana, cuyos miembros,
impotentes, se limitan a expresar su
malestar en diferentes espacios ante los últimos escándalos.
Los casos detectadas en Papelbol, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) y el Comité Olímpico Boliviano son los más marcados dentro de
una serie de irregularidades ocurridas en varios ámbitos del quehacer del país,
a los que suman hechos más pequeños en municipios, regiones.
Caso Papelbol
En el caso de la construcción de la fábrica de papel Papelbol existe un
daño económico al Estado por 13.571.010 millones de dólares y el principal
sospechoso es el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo
Peinado.
De acuerdo con las denuncias, al momento de la firma del contrato, el 7 de
enero de 2008, Papelbol no contaba con la infraestructura necesaria como
galpones, tanques, almacenes, vías internas y talleres para que D´Andrea
Agrimport Importaca e Comercio, la empresa que se adjudicó la obra, pueda
realizar la provisión, instalación, montaje y puesta en marcha de la factoría y
capacitación de los operadores.
La maquinaria valuada en más de 13 millones de dólares quedó inutilizada
por mantenerse expuesta a la intemperie en un terreno baldío de Villa Tunari,
donde se pensó construir la infraestructura.
Según la evaluación técnica elaborada por la empresa
Pricewaterhousecoopers, el precio real de la fábrica (en las condiciones
actuales) asciende a un monto de 6.118.000 dólares, lo que revela un
sobreprecio de 7.453.010 dólares. El proceso avanza lentamente.
Caso YPFB
Una vez más la oscura sombra de la corrupción se posó sobre la estatal
petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que cada día que
pasa va adquiriendo mayores proporciones por la cantidad de implicados que
aparecen en la investigación del Ministerio Público. El hecho se destapó a
partir de un accidente.
En este caso, está en cuestión la legalidad de la adjudicación de la Planta
Separadora de Líquidos de Río Grande a la empresa Astra Evangelista S.A.
(AESA), valuada en 159 millones de dólares, por existir indicios de una
presunta coima en el proceso de contratación.
La investigación develó que la AESA realizó el estudio de cotización para
la construcción de la Planta y con este antecedente YPFB le adjudicó la obra y
contrató a una empresa socia de AESA, BOLPEGAS (Bolivia Petróleo y Gas
Consultores y Servicios SRL) para que realice la fiscalización de la obra.
El caso salió a luz luego que el gerente de Plantas Separadoras, Gerson
Rojas, que conducía en estado de ebriedad, protagonizara una triple colisión el
pasado 17 de junio en Yapacaní, donde dejó “deshecha” una vagoneta de YPFB
valuada en 80 mil dólares. Rojas fue destituido del cargo y acusado por conducción
peligrosa.
En una requisa a la oficina del funcionario, la fiscalía encontró dos
contratos para uso de cajas de seguridad. En la intervención a las cajas
encontraron 90 mil dólares y una hoja donde ajustaban montos por hasta 400 mil
dólares. Esta situación abrió la sospecha sobre haber sido favorecido con
coimas para la adjudicación de las Plantas Separadoras de Líquidos. La fiscalía
amplió la investigación por enriquecimiento ilícito.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, deslindó toda responsabilidad en el
caso y aseguró que “todas las medidas de seguridad para evitar esta situación
se cumplieron”. Sin embargo, el Reglamento de la estatal dice que el
responsable de los contratos es el presidente de la institución.
Caso Comité Olímpico Boliviano
El deporte tampoco se salvó de la corrupción. La tesorera del Comité
Olímpico Boliviano, Silvia Crespo, denunció el uso irregular de los recursos
que percibe esa institución en la distribución de viáticos para la delegación
de los deportistas y la dirigencia para asistir a las olimpiadas de Londres.
Informó que se dispuso de 3.900 dólares para el pago viáticos (300 dólares
por persona) a cinco atletas, cinco entrenadores, un médico y delegado de la
Federación Atlética de Bolivia; en tanto que el presidente de esa institución,
Edgar Claure, recibió 6.830 dólares por concepto de gastos de bolsillo.
También dijo que a Claure se le entregó 9.000 dólares más para el pago de
suite matrimonial en un hotel cinco estrellas de Londres, donde durante su
estadía de 24 días en la capital inglesa tendrá un vehículo oficial, traductor,
asistente y estará acompañado de su esposa.
Claure, en descargo indicó que “es suficiente el viático para los atletas
porque ellos tienen todo pagado, alimentación 24 horas por día, y transporte.
No tienen porque observar”.
El ejecutivo precisó que el Comité Olímpico Boliviano “no recibió ni un centavo
del Estado porque el esfuerzo logístico y humano lo hacemos los dirigentes”.
El dinero para la presencia de Bolivia en los Juegos Olímpicos de Londres
fue enviado por el Comité Olímpico Internacional (COI), a través de su programa
Solidaridad Olímpica.
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