LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio de Gobierno denunció el martes que
la red de influencias de la banda de abogados extorsionadores incrustados en
instituciones públicas se mantiene intacta, pese a la captura de sus cabecillas
visibles.
La denuncia se sustenta en los
fallos indulgentes con que operadores de justicia favorecieron a los
involucrados en el caso del empresario Jacob Ostreicher, víctima principal,
entre decenas de otras, de la banda que encabeza, de manera visible, el
despedido asesor jurídico de ese despacho de Estado, Fernando Rivera Tardío y
quien arrancó al judío estadounidense decenas de miles de dólares y bienes,
luego de presionar para que se mantuviera encarcelado sin sentencia en Santa
Cruz, acusado de narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Carlos
Romero, calificó de laxas las decisiones del juez Juan José Zubieta que la
noche del lunes al martes libró de culpa y cargo al fiscal de Sustancias
Controladas de Beni, Roberto Achá, en la segunda audiencia verificada,
paradójicamente, de madrugada, 3 días después que Rivera Tardío, a nombre de su
acólito Denis Rodas Limachi, convenciera al juez, a sola petición verbal, que
los alojara en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) y no los mandara al Penal de Palmasola.
"Se toma la decisión de dejar
en libertad al fiscal Achá sobre el cual pesan acusaciones de formar parte de
esta red de corrupción y extorsión, de tal manera que se aprovechan, de repente
las sombras de la noche. Luego las decisiones del juez y el requerimiento
fiscal son absolutamente laxos, primero con los ex funcionarios del Ministerio
de Gobierno (por Rivera Tardío y Rodas Limachi) que, un poco más, y los
detienen y pasan a detenerlos en el Hotel Los Tajibos y con este fiscal que un
poco más admite que su defensa puede hacerse desde (el balneario dominicano de)
Punta Cana, para ir un extremo en sentido figurado, pero no nos gusta estas
decisiones de la autoridad judicial, nos llaman a la reflexión y creo que
tenemos que ser mucho más vigilantes", sostuvo.
Una cartilla de prensa del
Ministerio de Gobienro, estableció que el avance de la investigación sobre la
red de corrupción y extorsión "ha permitido revelar que los delitos de esa
organización criminal se perpetraban en estrados judiciales y oficinas de la
Fiscalía donde los destituidos abogados ejercían el abuso de poder en contra de
litigantes, procesados y detenidos que indefensos ante la manipulación de la
justicia se veían obligados a satisfacer coacciones en desmedro de sus propios
intereses y el debido proceso".
El ministro Romero y su
subrogante viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, señalaron la
"intención cuestionable" de jueces y fiscales connividos de favorecer
con indulgencias judiciales a los involucrados en el caso que sacude las
fundaciones del sistema del ya desprestigiado sistema de justicia en Bolivia.
"Las últimas actuaciones del
juez cautelar y de los fiscales encargados de esclarecer este caso de interés
nacional han develado, no obstante, la intención cuestionable de favorecer a
los principales responsables de la red de corrupción y extorsión que
presumiblemente mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de
la justicia", afirma la cartilla.
"La madrugada del 1º de
diciembre, el juez cautelar de la causa sentenció en primera instancia que los
cabecillas de la red de corrupción y extorsión, Fernando Rivera Tardío y Denis
Rodas Limachi sean trasladados con detención preventiva a la cárcel de
Palmasola. Pero ante un pedido de los acusados, de manera expedita y sin
verificar el supuesto riesgo sobre la integridad de Rivera y Rodas, la
autoridad judicial determinó su traslado a celdas de la FELCC", hizo notar
el comunicado sobre la actuación laxa de los operadores de justicia.
Sobre el trato que recibió Achá
anotó que "la madrugada" del martes "los fiscales del proceso
contra la red de corrupción y extorsión dejaron en libertad a su colega el
fiscal Roberto Carlos Torres, acusado de haber forzado la acusación contra el
ciudadano estadounidense Jacob Ostraicher y haber obligado al juez de ese
proceso a cambiar una sentencia de libertad a favor de esa persona".
El Ministerio de Gobierno
advirtió que "ambas decisiones se manifestaron entre las 12 de la medianoche
y las 2 de la madrugada".
En declaraciones a UNITEL, Romero
pidió considerar que jueces y fiscales envueltos en el caso Ostreicher han
mandado, en cambio, a funcionarios administradores de mando medio fueron
enviados sin empacho a la cárcel de Palmasola.
"Resulta que ahora a
Palmasola no van los principales acusados, van los ex funcionarios
administrativos de Dircabi (Dirección de Registro, Control y Administración de
Bienes Incautados al Narcotráfico), y
resulta que los principales acusados tienen un trato absolutamente con mucho
beneplácito", ironizó.
Romero planteó su preocupación
por la crisis profunda que se ha abatido sobre la justicia en Bolivia y, más
aún, sobre la calidad de la formación moral en las facultades de abogacía.
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