“Manquiri estaba acusada de evasión de
impuestos”, dice
LA PAZ, BOLIVIA (ANB /
Erbol).- La
diputada suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Beni, Gardenia Arauz,
denunció hoy que Héctor Arce, en su condición de Presidente de la Cámara Baja
en 2011, impidió la fiscalización a la empresa minera Manquiri por presunta
evasión de impuestos por 18.5 millones de dólares.
La representante de Beni dijo que Arce la citó
a su despacho para objetar su solicitud de investigación e indicó que no le
corresponde esta acción por ser de otra región del país, además de no tener
competencia sobre el tema minero.
Acto seguido la legisladora fue remitida a la
Comisión de Ética de la Cámara de Diputados donde está siendo procesada por
“fiscalización indebida”.
“(Héctor Arce) me dijo que yo no podía
fiscalizar a la empresa minera (Manquiri) porque yo soy de Beni y no de Potosí,
y que eso le correspondía a los diputados de Potosí. Yo le dije que el
reglamento me faculta a fiscalizar no sólo en mi región sino a nivel nacional y
cualquier ciudadano que sepa que hay corrupción está en la obligación de
denunciar estos actos de corrupción”, refirió la legisladora.
Ante la insistencia, el diputado Arce “me cuestionó y me dijo que suspenda la
fiscalización porque de lo contrario le pasaría un informe negativo de mi
persona al presidente (Evo Morales)”.
A decir de Arauz, el expresidente de la Cámara
de Diputados tendría algún parentesco con la empresa minera por lo que debería
ser investigado por el Ministerio Público. La asambleísta remitió la denuncia a
la Fiscalía pero el proceso quedó interrumpido sin ninguna explicación.
La diputada oficialista, con lágrimas en los
ojos, contó que por esta situación fue víctima de amenazas y amedrentamiento
hacia su familia, mediante llamadas telefónicas. La legisladora presume que
existe complicidad de funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN)
con este caso.
“Me han llamado por teléfono de cabinas
públicas, he sufrido amedrentamiento contra mi familia. Me dijeron que mi
familia es la que iba a sufrir las consecuencias de la denuncia que había
hecho”, expresó.
En defensa de Héctor Arce, el diputado Franklin
Garvizu, quien no participó de la sesión donde se quiso suspender a Adriana
Gil, amenazó con un proceso a los funcionarios del Legislativo que estén
filtrando documentos que involucren al expresidente de esa instancia.
“La administración pública es totalmente
transparente pero hay mecanismos. El artículo 24 de la Constitución Política
establece el derecho de petición que tenemos todos los ciudadanos bolivianos y
eso es a través de una nota formal, es nuestro derecho. Pero sacar información
oficial de manera anónima para denigrar es una conducta dolosa y tal vez se
adecua a un tipo penal”, indicó.
Garvizu manifestó que todas las denuncias
contra Arce surgen por intereses de la oposición, e incluso del propio MAS, con
el afán de entorpecer y empañar la gestión del expresidente y evitar un posible
nuevo mandato como titular de la Cámara de Diputados.
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