IMPUNIDAD. NO AVANZA PROCESO POR REPRESIÓN A INDÍGENAS EN CHAPARINA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB).- Retardación de justicia, encubrimiento e impunidad. Con esos conceptos se valora el proceso que inició la Fiscalía hace un año para dar con los autores intelectuales y materiales de la violenta represión policial ejecutada en contra de la VIII marcha indígena en defensa del Tipnis. Así lo sostienen algunos de los afectados, defensores de derechos humanos y juristas.

Cuando está en vigencia el nuevo sistema de justicia plurinacional, el que se había planteado como una mejora al anterior, y cuando se han agotado los plazos regulares para el inicio de un juicio con acusados identificados, la querella se encuentra empantanada y solo se ha imputado al exsubcomandante de la Policía Óscar Muñoz y al exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán.

Mientras que otros de los presuntos implicados por los delitos de secuestro, vejámenes y genocidio, como el exmininistro de Gobierno Sacha Llorenti, o el exjefe de Inteligencia de la Policía Víctor Maldonado, se encuentran fuera del proceso.

De hecho, Llorenti fue nombrado por el Gobierno embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, mientras que Maldonado, que estuvo presente durante la refriega, fue ascendido a comandante nacional de la institución verde olivo.

Los fiscales José Ponce y Patricia Santos, encargados del caso Chaparina, están denunciados por retardación de justicia, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la CPE por parte de los querellantes del caso Chaparina. No se pudo establecer comunicación con ninguno de los investigadores, pues no contestaron sus teléfonos.

Aida Camacho, abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), querellante en el caso Chaparina, ha explicado que la causa apunta a pasar a la justicia internacional. “Esperamos que la fiscal de distrito de La Paz, Betty Yañíquez, se pronuncie sobre la exclusión del acusado Llorenti del proceso y su nombramiento como embajador ante la ONU”, manifestó. Si la causa no avanza de la etapa preparatoria, se buscará llevar el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que luego pase a una corte.

Rafael Quispe, exmallku de Conamaq, padre indignado de una niña que fue golpeada y secuestrada durante la represión, también guarda expectativas de llevar el caso ante la CorteIDH, porque, para él, no existe Estado de derecho en Bolivia.

Para el exdefensor del Pueblo y activista de derechos humanos Waldo Albarracín, la paralización del caso Chaparina es una prueba de que la nueva justicia plurinacional no ha cambiado nada y pone en tela de juicio su independencia del poder político. Mientras que la diputada del MAS, Betty Tejada, pide salir de la lectura política del caso y exigir información y fiscalización al Órgano judicial.

Mientras la causa duerme, nadie paga por los delitos cometidos contra los indígenas del oriente boliviano.

La justicia debe ser para todos

Carlos Hugo Molina / Abogado

La aplicación selectiva de la justicia con relación a las personas incriminadas, en razón de las acusaciones, por los tiempos en los cuales actúa y por las penas aplicadas, parecería que están logrando sedar la conciencia y la sed de justicia de las personas de buena voluntad.

  Estamos perdiendo el asombro frente al turbión inmisericorde que está arrasando con la función más alta de las relaciones humanas en sociedad, el reestablecimiento del daño causado y el respeto a los derechos desconocidos. La justicia no puede ser venganza ni favor. La justicia es justicia si es para todos. Y se debe aplicar aunque los acusados sean exfuncionarios y aunque los afectados no tengan más influencia que cualquier ciudadano común.

  Del rosario de situaciones con los que el proceso de cambio nos está enfrentando, posiblemente es el que se refiera a la justicia el de mayor complejidad y degradación. No se trata de un simple trámite administrativo que puede modificarse en cualquier momento en razón del cambio de condiciones burocráticas. Es la violación de los principios elementales de la libertad y de la vida lo que están en juego. Y la justicia revolucionaria, si no es humana, no es justicia.

  Chaparina es un grito a los cielos en las cuatro variables que hacen a la aplicación de justicia: sujetos, acusación, oportunidad y sanción, y tienen resumido en ese lugar geográfico, la suma de toda la perversidad en la que puede incurrir el poder para lavarse las manos.

   Las crónicas gráficas y los testimonios recogen la sorpresa que puede producir la agresión perfectamente organizada. Esa sorpresa que cada día que pasa se transforma en indignación.

Apuntes

- El 25 de septiembre. En 2011, luego de que la columna de indígenas  contrarios a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos avanzó por Chaparina, un grupo de 500 policías antimotines intervino el campamento de la marcha, golpeó a los manifestantes, los maniató y secuestró.

- Imputados. Los fiscales del caso, Patricia Santos y José Ponce, solamente determinaron imputar al ex subcomandante nacional de la Policía general Óscar Muñoz Colodro y al exviceministro de Régimen del Interior Marcos Farfán.

- Paralizado. Desde la imputación formal contra el exviceministro Marcos Farfán, en mayo, el juzgado a cargo aún no fijó la fecha de audiencia cautelar, ocasión en la que la Fiscalía anunció que solicitaría la detención preventiva.

- Llorenti. En julio, la comisión de fiscales determinó excluir al exministro de Gobierno Sacha Llorenti.

- Nombramiento. La exministra de Defensa Cecilia Chacón, cuestionó el nombramiento de Llorenti como embajador de Bolivia ante la ONU y su exclusión del caso Chaparina.

Fuente: ANF/El Deber/Eju.tv