LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Las comunidades del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS) piden al gobierno del presidente Evo Morales justicia a un año
de la represión policial a la VIII marcha, informó el dirigente de Gundonovia,
Vidal Yujo.
El indígena
explicó que las poblaciones de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) realizan
un acto de desagravio por el abuso cometido contra los marchistas y a un año de
lo ocurrido no se conocen los nombres de los responsables.
“Lo que estamos
pidiendo es que el gobierno haga justicia porque sabe quiénes fueron los que
dieron la orden para que nos golpeen y nos amarren como animales”, señaló Yujo.
Explicó que a
las 17.00 se realizará una marcha en la comunidad de Gundonovia, que es uno de
los puntos de resistencia a la consulta no concertada, porque en ese
horario decenas de efectivos policiales
intervinieron en septiembre de 2011 la marcha que se encontraba en el sector de
Chaparina.
A UN AÑO DE LA REPRESIÓN
EN CHAPARINA, INDÍGENAS PIDEN CASTIGO PARA LOS CULPABLES
Hoy se cumple un año de la violenta represión a los indígenas de la VIII
marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(Tipnis) y aún no se conocen a los responsables. El caso ahora en manos de la
justicia boliviana está retrasado. “Todo está así y es porque el sistema
judicial está totalmente colapsado”, admitió la ministra de Justicia, Cecilia
Ayllón.
El 25 de septiembre de 2011, un contingente policial fuertemente armado
arremetió contra el campamento indígena en Chaparina cuando sus integrantes se
disponían a cenar. Los uniformados cercaron a los centenares de marchistas
compuestos por mujeres, niños y ancianos y dispersaron gas lacrimógeno.
Seguido, procedieron a capturar a los movilizados.
Como si se tratara de una cacería, los policías redujeron a los indígenas,
los maniataban y amordazaban con cinta adhesiva, y los amontonaban en las
camionetas y buses dispuestos para el traslado hacia sus comunidades.
En el ataque, muchos niños salieron corriendo por el terror del operativo.
Mujeres y niños agredidos, hombres con fracturas graves. Las imágenes
transmitidas por los medios televisivos daban fe de lo que ocurría en un sector
alejado del oriente boliviano.
64 días duró el recorrido de la VIII marcha, que se inicio en Trinidad un
15 de agosto de de 2011 y llegó a la sede de Gobierno el 19 de octubre del
mismo año. La masa de movilizados recorrió más de 600 kilómetros entre selva,
valles y altiplano.
Origen del conflicto
El conflicto tiene su origen con la firma del contrato entre el Estado
boliviano y la empresa brasileña OAS, el 4 de agosto de 2008, que se realizó
con la anuencia del autoproclamado defensor de la Madre Tierra, Evo Morales.
El proyecto carretero se concretó con la visita al país del entonces
presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, para la firma del crédito
brasilero. Luego llegaría el contrato con la constructora OAS como muestra de
la indeclinable decisión del gubernamental de construir la vía por medio del
parque.
Desde entonces, la campaña del gobierno en defensa del proyecto carretero
asumió posiciones extremas de desprestigio contra los indígenas con el objetivo
de ganarse el favor de la opinión pública.
Desenlace
El 17 de agosto, el líder indígena Adolfo Chávez y el diputado del MAS
Pedro Nuni pidieron la presencia del Presidente Evo Morales en el trayecto de
la marcha para entablar el diálogo; el jefe de Estado envió a dos de sus
ministros.
Mientras tanto, los habitantes del Tipnis argumentaban por qué no estaban
de acuerdo con la construcción de la carretera.
El luto fue una compañera en el recorrido de los originarios. Pedro Moye
Nosa, un niño de 12 años perdió la vida en el trayecto.
En septiembre, el jefe de Estado se refirió públicamente a la demanda de
los indígenas, este será el inicio de la arremetida de su gabinete contra la
misma.
Declaración Evo Morales
Los días 22, 23 y 24 de septiembre los colonizadores afines al partido de
gobierno bloquearon el paso de la marcha indígena en Chaparina. Luego de un
diálogo infructuoso con el Canciller, de indígena a indígena, finalmente los
originarios terminaron reprimidos.
Luego de un año del infausto suceso, el gobierno nunca dio una clara señal
ni mostró voluntad por esclarecer el hecho; por el contrario, el Ejecutivo puso
trabas al proceso e incluso premió a autoridades directamente implicadas como
Sacha Llorenti, que pasó activista de los derechos humanos a realizar el papel
más funesto como represor.
Las preguntas que se hacen los
indígenas y que fueron planteadas por la exministra de Defensa, Cecilia Chacón,
permanecerán por un tiempo más sin respuesta. ¿Quién preparó el plan? ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo
autorizó? ¿Quién lo ejecutó? ¿Quién
aplaudió que se ejecutara 'limpiamente y sin bajas'? Estas preguntas
persistirán en las cabezas de las víctimas y de los interesados en conocer la
verdad y martillarán las conciencias de las autoridades de gobierno que buscan
ocultarla.
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