LA PAZ, BOLIVIA (ANB / La Razón).- A un año de la represión policial contra indígenas
en Chaparina, Beni, el Defensor del Pueblo denunció que los responsables
intelectuales y materiales de esos sucesos están protegidos por “las formas y
procedimientos” del sistema judicial y que la actuación de la Fiscalía da
“señales de encubrimiento”.
El 25 de septiembre de 2011, en la localidad de San Miguel de Chaparina
(Beni), la Policía reprimió a los indígenas que descansaban en el lugar en una
pausa en su caminata hacia la ciudad de La Paz en defensa del Territorio
Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y en contra de la construcción
de una carretera por medio del reservorio.
Los indígenas fueron amordazados y maniatados con cinta masquin, y
obligados a subir a buses dispuestos para trasladarlos hasta sus lugares de
origen.
“Ha pasado un año desde entonces y la justicia sigue pendiente. Un año en que los culpables materiales e
intelectuales de este criminal suceso continúan en la impunidad, protegidos por
un sistema judicial que se escuda en las formas y los procedimientos e ignora
voluntariamente que estamos ante un caso evidente de vulneración de los más
elementales derechos humanos que no admite ninguna explicación ni
justificación”, cuestionó el Defensor del Pueblo en un comunicado.
Esa institución presentó, en noviembre de 2011, un informe sobre lo
ocurrido en Chaparina, en el que vinculó con los hechos a 18 personas entre
autoridades civiles, policiales y funcionarios del Gobierno, entre ellos al
entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien posteriormente fue
excluido por la Fiscalía de las investigaciones.
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