Dijeron
ser funcionarios de un Ministerio
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la
Vivienda "La Paz" denunció ante el Ministerio de Gobierno que la
abogada Paola Barriga y Wilson Roger Serrano Goitia cometen actos de extorsión
dentro de la controversia acerca del derecho propietario de un predio
localizado en la Urbanización "Los Pinos". Dichos delitos estarían
siendo cometidos haciéndose pasar por funcionarios del Ministerio de Gobierno.
La abogada Paola Barriga Machicao fungió como apoderada
legal del Ministerio de Gobierno entre el 6 de diciembre de 2012 y el 5 de
abril de 2013. Asumió ese cargo luego de que los abogados Fernando Rivera,
Boris Villegas y Denis Rodas fueron denunciados como operadores de una red de
extorsión y corrupción.
De acuerdo con la denuncia formulada el 9 de junio de
2014, Mutual La Paz detectó “irregularidades dentro de las acciones de defensa
del derecho propietario de un predio en la Urbanización Los Pinos, de La Paz”.
Entre otros aspectos, se hizo notar que la abogada citada y una persona
identificada como Wilson Róger Serrano Goytia, supuestamente “asesor externo
del Ministerio de Gobierno”, “abordaron un vehículo Jeep, con placa 2251DYD,
que exhibía en su parabrisas una solicitud de circulación irrestricta y
estacionamiento momentáneo (CITE M.G. Nº 3010/2013)”. “Dicho actuar pone en
evidencia que a nombre del Ministerio de Gobierno, una ex abogada de dicha
institución y el señor Wilson Róger Serrano Goytia estarían influenciando en
las decisiones y determinaciones de autoridades de la Policía, Fiscalía y
Tribunal Departamental de Justicia”, indica parte de la denuncia de Mutual La
Paz.
Al conocer el hecho, el Ministerio de Gobierno estableció
que Wilson Róger Serrano Goytia nunca fue funcionario y menos asesor externo de
esta repartición. También se verificó que la supuesta certificación emitida
para la circulación de dicho vehículo (CITE M.G. Nº 3010/2013) no corresponde
al libro de control que tiene esta repartición, por lo que se determinó
presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público el 10 de junio, por
uso de instrumento falsificado. El caso es de conocimiento del fiscal Carlos
Fiorilo Cruz, quien a efectos de determinar responsabilidades, el 11 de junio,
emitió una orden de secuestro del vehículo señalado.
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