'No existirán modificaciones tenemos que aprobarlo (el decreto) en el tiempo más breve posible, esta semana deberíamos aprobarlo en Diputados para que la otra semana el Senado pueda aprobarlo y de esa manera se pueda tener lo antes posible un indulto y amnistía', señaló el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio.
Consultado sobre el pedido de ampliar el indulto para las personas que tengan sentencia igual o menor a 10 años y no 8 como establece el decreto presidencial, el legislador rechazó esa posibilidad porque se estaría beneficiando a sentenciados por delitos 'muy graves'.
Aparicio aseveró que el decreto presidencial es una 'norma completa' que colma las expectativas de los legisladores porque beneficiará a las personas que tengan sentencia igual o menor a 8 años por la comisión de delitos menores; adultos mayores; adolecentes imputados y jóvenes hasta los 25 años; personas con enfermedad grave o incurable en período terminal y personas con discapacidad grave o muy grave.
Además son beneficiarios de la norma los padres de familia que tengan a su cargo a hijos menores a doce años en centros penitenciarios; las personas procesadas y detenidas preventivamente cuyo proceso haya tenido una duración igual o menor a cuatro años.
'Esta situación permitirá prever que no salgan de la cárcel personas peligrosas las que hayan cometido, robo agravado, violación o asesinatos', dijo.
Por su parte, la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Baja, Flora Aguilar, saludó el decreto presidencial y dijo resolverá el hacinamiento en las cárceles y la retardación de justicia.
'La obligación de la Asamblea Legislativa Plurinacional es aprobar ese decreto presidencial para favorecer a una parte de los reos', afirmó.
La norma excluye de esos beneficios personas condenadas o procesadas por delitos de asesinato; violación a niño, niña o adolecente; traición a la patria; espionaje; secuestro trata y tráfico de personas; terrorismo separatismo y extorsión, además de personas procesadas por delito de corrupción pública o narcotráfico y reincidentes.
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