“La discriminación contra los pueblos indígenas y otras comunidades y otros
grupos vulnerables aún persiste y esto se ve exacerbado por las desigualdades
estructurales subyacentes que refuerzan su exclusión y su vulnerabilidad ante
el racismo y la discriminación”, dijo Ruteere en conferencia de prensa.
En ese sentido, el funcionario de Naciones Unidas que concluye hoy su vista
a varias ciudades de Bolivia, agregó que hay que hacer frente a desigualdades
estructurales y la exclusión en la educación, la salud y el empleo.
Sostuvo también que “la administración de justicia es, por lo general,
lenta y costosa y en muchos casos inaccesible para las víctimas de racismo y
discriminación racial”.
El Relator agregó que una “de las cuestiones más preocupantes” es la
situación de algunas comunidades indígenas y campesinas altamente vulnerables,
que están sometidas a “servidumbre o trabajo forzoso”, pero no precisó cuáles
eran.
A su juicio, en Bolivia se hacen esfuerzos frente a la “estigmatización y
los estereotipos” de los refugiados y los emigrantes, sin embargo “aún existen
serias preocupaciones debido a la manera discriminatoria con que las fuerzas
del orden tratan a ciertos grupos de emigrantes”, pero que tampoco identificó.
Además, conoció de preocupaciones sobre la compatibilidad de la ley
boliviana de lucha contra el racismo y la protección de la libertad de
expresión y opinión, pero apuntó que corresponde al Poder Judicial pronunciarse
al respecto porque de acuerdo a las normas internacionales no debe haber incompatibilidad.
La visita de Ruteere se produce en momentos de tensión entre periodistas y
el gobierno por una denuncia de las autoridades ante la Fiscalía contra la
Agencia de Noticias Fides y los periódicos Página Siete y El Diario por
supuesta “incitación al racismo”.
Ruteere también destacó los avances logrados por Bolivia con la
promulgación de diferentes leyes y la creación de instituciones para combatir
el racismo, pero también pidió que se asignen más recursos y haya más
capacitación para la aplicación de la normativa.
Esta es la primera visita oficial a un país del relator tras haber sido
nombrado en el cargo en noviembre pasado por el Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
La Paz, 10 septiembre 2012
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