GINEBRA (ANB / Erbol).- La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda, hizo un llamado a los Estados para que
adopten de manera inmediata medidas para garantizar el acceso a la justicia de
los segmentos más pobres de la sociedad, con ocasión del Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza.
“El acceso a la justicia es un derecho humano en sí mismo y esencial para
luchar contra las causas profundas de la pobreza,” señaló hoy Sepúlveda quien
instó a los Estados a mejorar el acceso para los más pobres y hagan de este una
parte central de sus esfuerzos para combatir la pobreza.
“Sin acceso a la justicia, las personas que viven en condiciones de pobreza
no pueden levantar reclamos ni ejercer un amplio abanico de derechos humanos o
defenderse de los crímenes, abusos o violaciones cometidos contra ellos,”
subrayó Sepúlveda.
Las personas que viven en condiciones de pobreza enfrentan serios
obstáculos para acceder a los sistemas judiciales – incluyendo barreras
financieras, sociales y físicas – que se perpetúan y agravan su desventaja.
“Con frecuencia, las personas que viven en condiciones de pobreza se ven
impedidas de recurrir a la justicia dado el costo y tiempo requerido en
desplazamientos a tribunales remotos, los honorarios cobrados o la falta de una
asistencia jurídica gratuita y de calidad”, señaló la Relatora Especial. “Los pobres
pueden ver denegada su legitimación activa para interponer un recurso porque no
tienen un certificado de nacimiento oficial.”
“La falta de información sobre sus derechos, el analfabetismo o las
barreras lingüísticas, junto con un enraizado estigma asociado a la pobreza,
también dificultan la interacción de los pobres con el sistema judicial. En
estas circunstancias, una persona que vive en condiciones de pobreza no puede
hacer valer sus derechos o defenderse de las injusticias,” enfatizó la Relatora.
Magdalena Sepúlveda apuntó que incluso las democracias consolidadas
experimentan dificultades a la hora de garantizar de hecho el acceso a la
justicia de aquellos que viven en condiciones de pobreza. “Es imprescindible
construir un sistema judicial inclusivo que sea cercano a las personas, tanto
social como geográficamente,” añadió la Relatora.
“Para garantizar el acceso a la justicia de los pobres se requiere no sólo
que los sistemas judiciales funcionen adecuadamente y que las leyes no reflejen
exclusivamente los intereses de los más adinerados o de los grupos más
poderosos, sino también que se tengan en cuenta los desequilibrios de ingresos
y de poder,” concluyó. “Las reformas deben implementarse con la participación
efectiva y significativa de las personas que viven en condiciones de pobreza”.
Sepúlveda enfatizó que las mujeres que viven en condiciones de pobreza
enfrentan dificultades específicas en el acceso a la justicia, lo que supone
una de las principales causas de su mayor vulnerabilidad a la pobreza. En su
opinión, “los esfuerzos para luchar contra la pobreza deben incluir el
empoderamiento de la mujer para recurrir a la justicia y garantizar que el
sistema judicial no las discrimine.”
“Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
quiero recordar a los Estados y al resto de actores que los esfuerzos para acabar con la pobreza deben ser
multidimensionales y sostenibles. La mejora del acceso a la justicia es una
parte fundamental de cualquier estrategia,” finalizó la experta.
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