CRISIS EN EL LEGISLATIVO
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El diputado oficialista por la alianza Unidad, Alejandro Reyes, arremetió contra el vicepresidente Edmand Lara, a quien acusó de actuar como vocero del expresidente Evo Morales en las ciudades, tras asumir una posición de rechazo al anteproyecto de ley antibloqueos que busca endurecer las sanciones penales contra el bloqueo de caminos.
La
crítica del legislador marca un nuevo quiebre en las tensiones internas del
oficialismo, luego de que Lara se declarara opositor al gobierno del presidente
Rodrigo Paz, argumentando discrepancias en la conducción del Estado.
Para
Reyes, la postura del segundo mandatario revela una contradicción con su
discurso de campaña, cuando condenaba los bloqueos y los calificaba como
delitos, posición que —según afirmó— ahora ha cambiado desde el ejercicio del
poder.
“Lastimosamente,
el señor Edmand Lara prefiere defender lo indefendible. Está más que claro que
la ley antibloqueos busca, primero, resguardar los derechos de todos los
bolivianos de bien y, por supuesto, sancionar lo criminal: el secuestro, la
tortura, el asesinato, el cobro ilegal de peajes y el impedir el paso de
ambulancias”, sostuvo Reyes.
El
diputado remarcó que el derecho internacional considera estas prácticas como
actos ilícitos que vulneran el libre tránsito y otros derechos fundamentales.
En ese sentido, cuestionó que Lara, al rechazar la norma, no solo deje en
indefensión a ciudadanos afectados por los bloqueos, sino que también traicione
a la Policía Boliviana, que —dijo— necesita respaldo jurídico para intervenir
en estos hechos con el uso proporcional de la fuerza.
EL
MARTES VUELVE EL DEBATE
En
ese contexto, el proyecto de ley antibloqueos volverá a ser analizado a partir
de este martes en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados,
donde se prevé retomar el debate de la iniciativa que propone tipificar los
bloqueos de vías como delitos penales con sanciones de cárcel.
El
diputado también oficialista, Carlos Alarcón (Unidad), uno de los proyectistas
de la ley en la Cámara Baja, sostuvo que “durante más de 30 años nos han hecho
creer que el bloqueo es un derecho constitucional. Eso es falso. El bloqueo es
una medida violenta que afecta a ciudadanos inocentes”.
El
proyecto plantea sanciones diferenciadas según el grado de participación y el
nivel de violencia: penas de 3 a 6 años de cárcel para bloqueadores; de 5 a 8
años para instigadores y financiadores; y de 10 a 20 años de prisión en casos
de bloqueos violentos que atenten contra la integridad física de las personas o
contra bienes públicos y privados.
La
norma en debate, establece sanciones para toda persona que impida el libre
tránsito, la circulación de bienes y productos, o interrumpa servicios
esenciales.
Alarcón
remarcó que los principales afectados por los bloqueos “son ciudadanos que no
tienen relación alguna con los reclamos de los manifestantes”.
Mientras
Diputados avanza con el tratamiento del proyecto, el pleno de la Cámara de
Senadores remitió una iniciativa similar a comisión, al considerar que la
penalización de los bloqueos merece un amplio análisis con participación de
sectores sociales.
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