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sábado, 18 de agosto de 2012

MUJERES PIDEN MAYOR COMPROMISO DE AUTORIDADES PARA APLICAR LA LEY 243


LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Generar mayor compromiso de autoridades nacionales, departamentales y regionales; el conocimiento de la nueva ley en sociedad; precisiones sobre acciones punitivas, sanciones y recomendaciones frente a vacíos legales, fueron las demandas que llegaron las mujeres de diversas organizadores en el primer encuentro de tratamiento del anteproyecto  de la “Ley Municipal contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres en La Paz”.


La Ley 243 “Contra el Acoso y Violencia Política hacia las  Mujeres”, fue analizada desde el punto de vista jurídico, donde se observaron algunos vacíos que deben ser precisados en el aspecto de aplicación en casos de violencia política a las mujeres.

La secretaria del Concejo Municipal, Gabriela Niño de Guzmán, consideró que dentro de la normativa municipal se debería tomar en cuenta las sanciones por agresiones a mujeres por personas que no corresponden a autoridades ediles o públicas.

“Que sucede si las diputadas o concejalas son agredidas por un tercero que no es parte de una institución, cuáles serían las formas de solucionar si es por la vía penal, ese es un vacío que debería asumir en la ley”, dijo Niño de Guzmán.

La asambleísta Marianela Paco agregó que aún existen retos dentro de la ley nacional que deben ser analizados. “Como las competencias autonómicas, donde se puede incorporar, qué instancia sancionará al Alcalde, concejales como se procederá con los administrativos cuando incurren en acoso político”, sostuvo.

Según la representante de la Asociación de Mujeres Concejalas de Bolivia (Acobol), Ingrid Davazies, se debe alertar para la reglamentación, las denuncias a las direcciones que no garantizan la independencia e imparcialidad en la vía administrativa.

Las organizaciones políticas y sociales, en 180 días, según la Ley deben establecer en sus estatutos todas las disposiciones de esta norma relativas a prevención hasta lograr la sanción  “y es otro tema que se debería revisar cómo hacer que las organizaciones políticas transversalicen todo ello”, precisó Davazies.

Del total de casos, denunciados, recepcionados y representado por Acobol, el 40 por ciento fueron derivados a instancias públicas de gobierno pero quedan impunes, el 32 por ciento no tuvieron ningún tipo de respuesta y en el 8 por ciento las instituciones se excusaron indicando no tener competencia en los casos.

La presentante de Acobol, María Eugenia Rojas, argumentó que en el país los conflictos generados por relaciones de poder inequitativas en contra de las mujeres  en ámbitos públicos, por razones e intereses partidarios, políticos o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como derechos políticos plenos para el  ejercicio de mujeres.

Por tanto, es necesario acudir a figuras de garantías institucionales o tratados internacionales, en muchos casos de plantea la ambigüedad quedando impunes todos los casos relacionados a estos nuevas definiciones sobre acoso y violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento, indicó Rojas.

La Paz, 18 agosto 2012 – J.C.

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