La Ley 243 “Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”,
fue analizada desde el punto de vista jurídico, donde se observaron algunos
vacíos que deben ser precisados en el aspecto de aplicación en casos de
violencia política a las mujeres.
La secretaria del Concejo Municipal, Gabriela Niño de Guzmán, consideró que
dentro de la normativa municipal se debería tomar en cuenta las sanciones por
agresiones a mujeres por personas que no corresponden a autoridades ediles o
públicas.
“Que sucede si las diputadas o concejalas son agredidas por un tercero que
no es parte de una institución, cuáles serían las formas de solucionar si es
por la vía penal, ese es un vacío que debería asumir en la ley”, dijo Niño de
Guzmán.
La asambleísta Marianela Paco agregó que aún existen retos dentro de la ley
nacional que deben ser analizados. “Como las competencias autonómicas, donde se
puede incorporar, qué instancia sancionará al Alcalde, concejales como se
procederá con los administrativos cuando incurren en acoso político”, sostuvo.
Según la representante de la Asociación de Mujeres Concejalas de Bolivia
(Acobol), Ingrid Davazies, se debe alertar para la reglamentación, las
denuncias a las direcciones que no garantizan la independencia e imparcialidad
en la vía administrativa.
Las organizaciones políticas y sociales, en 180 días, según la Ley deben
establecer en sus estatutos todas las disposiciones de esta norma relativas a
prevención hasta lograr la sanción “y es otro tema que se debería revisar
cómo hacer que las organizaciones políticas transversalicen todo ello”, precisó
Davazies.
Del total de casos, denunciados, recepcionados y representado por Acobol,
el 40 por ciento fueron derivados a instancias públicas de gobierno pero quedan
impunes, el 32 por ciento no tuvieron ningún tipo de respuesta y en el 8 por
ciento las instituciones se excusaron indicando no tener competencia en los
casos.
La presentante de Acobol, María Eugenia Rojas, argumentó que en el país los
conflictos generados por relaciones de poder inequitativas en contra de las
mujeres en ámbitos públicos, por razones e intereses partidarios,
políticos o patriarcales, no están definidos ni reconocidos abiertamente como
derechos políticos plenos para el ejercicio de mujeres.
Por tanto, es necesario acudir a figuras de garantías institucionales o
tratados internacionales, en muchos casos de plantea la ambigüedad quedando
impunes todos los casos relacionados a estos nuevas definiciones sobre acoso y
violencia, tanto en su atención, defensa y tratamiento, indicó Rojas.
La Paz, 18 agosto 2012 – J.C.
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