LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca
Delgado, señaló este miércoles que el senador opositor Roger Pinto cumplió con
su obligación al denunciar sobre presuntos vínculos de policías y autoridades
de gobierno con cárteles del narcotráfico.
“Es una obligación de cada servidor público, el senador (Pinto) tenía la
obligación de denunciar, no por eso ahora se le va a pedir disculpas o se le va
dar una medalla, lo que ha hecho es cumplir con su obligación como cualquiera
de nosotros podría hacer”, sostuvo Delgado en declaración a los medios de
comunicación.
De esta manera la legisladora reconoció posibles fundamentos en la denuncia
de Pinto, cuando en ocasiones anteriores autoridades de gobierno, Ministros y
el propio Jefe de Estado lo desestimaron de manera sucesiva.
“Si hay ya denuncias que podrían haber cárteles, si hay ya denuncias que
tiene que ver con temas de narcotráfico (que se investigue), que hace tiempo
inclusive con el caso Sanabria (lo) hemos visto”, agregó.
El diputado de Convergencia Nacional (CN), Adrián Oliva, manifestó que el
gobierno nacional esperó más de lo necesario para iniciar las investigaciones
sobre las denuncias que hiciera Pinto. “A quiénes estaban encubriendo todo este
tiempo”, dijo.
“El presidente Evo Morales le debe un desagravio público al senador Roger
Pinto, él y su gobierno durante 18 meses se encargaron de descalificar las
denuncias del senador Pinto y guardaron un silencio cómplice, como también el
presidente Morales guardó la documentación que estaba en sus manos y que
debería ser remitida a las instancias correspondientes para la investigación de
esas denuncias”, increpó.
Oliva exigió se retiren todos los procesos por desacato contra el senador
Roger Pinto, porque fueron interpuestos a partir de la presentación de la
denuncia “que sindica a varias autoridades de gobierno” en vínculos con el
tráfico de drogas.
Antecedentes
El senador Roger Pinto aseguró el 10 de marzo de 2011 que existía un
informe con indicios que advertían sobre las actividades irregulares del
“narcogeneral” René Sanabria y que el exministro de Gobierno y el presidente
Evo Morales conocían del hecho.
El 9 de marzo de 2011, el exministro Llorenti, abrió un juicio contra el
senador opositor por el presunto delito de desacato. Llorenti dijo que
Pinto debe probar su denuncia en sentido de que él estaba informado de que su
ex jefe de inteligencia, René Sanabria, tenía vínculos con el narcotráfico y
que pese a ello no tomó ninguna acción.
En fecha 8 de abril del mismo año, el senador por Convergencia Nacional, Bernard
Gutiérrez, entregó al presidente Evo Morales las supuestas pruebas de nexo del
exministro Sacha Llorenti con el general René Sanabria y jefe antidrogas de
entonces, capturado y acusado por narcotráfico el 27 de enero de 2011 en Panamá
luego de un trabajo de inteligencia de la fuerza antidrogas estadounidense en
combinación con carabineros de Chile.
El 22 de mayo de 2012, el senador Pinto, en declaraciones a Erbol, señaló
que en el legajo de documentos entregados al Jefe de Estado, donde se detallan los
presuntos vínculos, se citan los nombres del ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana, y la directora de ADEMAF en el Beni, Jessica Jordan.
El 28 del mismo mes, Roger Pinto se refugia en la delegación diplomática de
Brasil en La Paz y solicita asilo político argumentando ser víctima de
“persecución política” por el gobierno del MAS. El 8 de junio, el gobierno
brasileño de otorga el asilo en claro cuestionamiento a las políticas de la
administración de Evo Morales.
El 6 de junio 2012, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, admitió
estar consciente de la presencia de cárteles del narcotráfico, que estarían
operando en Bolivia y otros países latinoamericanos. El ministro Quintana
desmintió la versión y dijo que se trata de las declaraciones de una persona
que “le hace el favor a Estados Unidos”.
El 8 de julio la revista brasileña Veja, en su reportaje “Bolivia, la
república de la cocaína”, reveló sobre una “conexión directa entre el hombre de
confianza de Evo Morales, ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, y un
narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la penitenciaría de
máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná”.
Veja dio que tuvo acceso a informes producidos por una Unidad de Inteligencia
de la Policía Boliviana.
Al día siguiente, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, desestimó
iniciar una investigación a Quintana,
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