LA
PAZ, BOLIVIA (ANBOLIVIA / Erbol).- La superficie boscosa
del territorio nacional disminuyó de 53 a 46 millones de hectáreas entre 1975 y
2010, según información oficial de la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierras (ABT).
El jefe de Desmontes e
Incendios de la ABT, Marcelo Ruiz, señaló que el país disminuyó su superficie
boscosa de manera sistemática a una tasa promedio anual de 260 mil hectáreas,
según cita el periódico digital del PIEB.
Entre las principales
causas de la deforestación están el cambio de uso de suelo, la ampliación de la
frontera agrícola, la colonización de tierras bajas y los incendios forestales.
Si bien la tasa
promedio de deforestación anual en los últimos 10 años fue de 260 mil
hectáreas, esta cifra tiende a disminuir. En 2010 el total deforestado fue de
212 mil hectáreas y a partir de 2011, con el endurecimiento de medidas
punitivas, como multas, sanciones y procesos administrativos, se estima que la
tasa vaya en declinación.
Ruíz señaló que en años
pasados el cobro por hectárea desboscada oscilaba entre 45 y 60 dólares; ahora
a partir de la aplicación del cálculo por masa boscosa, este monto asciende
hasta 180 dólares por la misma superficie.
En 2011, las
deforestaciones autorizadas llegaron a 37.782 hectáreas, mientras que las
ilegales abarcaron hasta 177.329. Los departamentos más afectados fueron Beni y
Santa Cruz.
Revisión de concesiones
Ruiz señaló que la ABT
está en pleno proceso de revisión de las concesiones forestales en los
departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y en el Norte de La Paz para evaluar
el cumplimiento del manejo sostenible.
“Hace año y medio hemos
iniciado la revisión de las concesiones forestales; se tienen alrededor de 58,
con un avance de 40 revisadas, lo cual nos muestra que aproximadamente el 20
por ciento no cumplió con los términos del contrato y, por tanto, deben ser
revertidas al Estado”, advirtió.
En cuanto a las Tierras
Comunitarias de Origen (TCO) afirmó que en su mayoría no manejan directamente
sus bosques porque existe un “círculo vicioso” entre comunidades campesinas y
empresas privadas. “El empresario sigue teniendo el manejo de las tierras de
las comunidades a través del negocio de compra y venta de la madera”, aclaró.
El caso más
emblemático, argumentó, es el de la TCO Guarayos en el departamento de Santa
Cruz, donde se sufrió el año pasado una crisis por el mal manejo de sus
bosques. Esta situación paralizó la actividad productiva y económica durante
seis meses, debido a planes de manejo “fantasmas”.
“La inflación en la
declaración de volúmenes transportados de troncos y el tráfico de madera se
realizaban en combinación con el sector privado”, apuntó.
La Paz, 29 junio 2012
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