NO APLICÓ NORMA FAVORABLE
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Dos exvocales electorales cuestionaron la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cancelar la segunda vuelta en La Paz, al considerar que fue una medida apresurada que afectó derechos políticos y evidenció “impericia” en la Sala Plena.
El
exvocal del TSE, Antonio Costas, y el exvocal departamental de La Paz, Sabino
Chávez, analizaron el tema en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol,
en medio de la polémica por la declinatoria del partido Nueva Generación
Patriótica (NGP) de participar en el balotaje, lo que dejó fuera de competencia
a su candidato René Yahuasi y favoreció al postulante oficialista Luis Revilla.
Costas
sostuvo que la decisión vulneró el derecho constitucional de Yahuasi a ser
elegido. “Si bien el partido es un medio, el candidato tiene más derechos”,
afirmó, al advertir que también se afecta el derecho ciudadano a elegir. “¿Qué
nos muestra esto? La debilidad de las organizaciones políticas”, añadió.
Asimismo,
observó que la Sala Plena actuó con “impericia” al basar su decisión en el
artículo 64, que -según explicó- no se refiere a la declinatoria. Señaló que lo
correcto era fundamentar la resolución en el artículo 53, que regula el retiro
con 45 días de anticipación. Dijo que a esto se suma la falta de reglamentación
sobre sanciones en más de 12 años de vigencia de la Ley del Régimen Electoral.
“La
gestión del Órgano Electoral a claras luces nos muestra que ha sido
improvisada”, afirmó Costas, aunque matizó que la decisión podría estar dentro
del marco legal, pero fue precipitada. “¿Ha sido apresurada? También, porque
debería haberse considerado la opinión del candidato”, señaló.
Por
su parte, Sabino Chávez advirtió que están en juego los derechos políticos no
solo del candidato, sino también de la ciudadanía. Recordó que la Constitución
reconoce tanto el derecho a elegir como a ser elegido, por lo que la decisión
del TSE afecta a ambos.
“El
titular del derecho político es el señor René Yahuasi, no la organización
política”, enfatizó, al tiempo de señalar que también se vulnera el derecho de
su electorado a respaldarlo en las urnas.
Chávez
cuestionó además el uso del artículo 64, al considerar que fue una forma de
“justificar imprecisiones” y decisiones apresuradas. En su criterio, el TSE
debió primero sancionar a la organización política por no cumplir los plazos
establecidos y, posteriormente, aplicar las consecuencias correspondientes.
“Han
hecho al revés”, afirmó, al explicar que la anulación de la segunda vuelta
responde a una “mala lectura de la normativa” vigente desde 2014, que busca
garantizar legitimidad a las autoridades mediante el balotaje cuando ninguno
alcanza una mayoría de ley.
Desde
una perspectiva propositiva, el exvocal subrayó la necesidad de aplicar el
principio de favorabilidad en materia de derechos políticos. “Cuando se trata
de derechos políticos, se debe aplicar la norma más favorable”, indicó, en
referencia al artículo 256 de la Constitución y a estándares internacionales.

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