Tres
años del caso Chaparina
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Los marchistas que
protagonizaron en 2011 la VIII caminata en defensa del Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), identificaron al presidente Evo
Morales como el que ordenó a la Policía la violenta represión de hace tres años
en la localidad de Chaparina, departamento de Beni; y aseguraron que el
entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acató el mandato del Jefe de
Estado para ejecutar el operativo.
La indígena Laida Humanday, que
perdió recientemente a su esposo, según la trinitaria-mojeña, a consecuencia de
las secuelas que arrastró casi dos años por los golpes que le propinaron los
policías en Chaparina, pidió a Morales y Llorenti confesar su delito. Además
que sean incluidos, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera, en las
investigaciones de las que fueron alejados por la comisión de fiscales del
Distrito Judicial de La Paz, que trata el caso hace tres años.
“Que sean incluidos porque
sabemos que el mismo Presidente ha premiado (a Llorenti como embajador de
Bolivia ante la ONU), que estén en las investigaciones, que digan la verdad,
que acepten porque han sido los autores de todo esto”, declaró Humanday a la
Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Morales respondió en 2013 un
cuestionario escrito de la fiscal Patricia Santos, asegurando que no dio la
orden para intervenir la marcha en contra de la construcción de una carretera
en medio del TIPNIS, impulsada por su gobierno. "Ninguna acción de
intervención o represión fue dispuesta el 25 de septiembre de 2011 por mi
autoridad”, aseguró en el documento. Mientras que García, quien días después de
la represión a los indígenas, reveló, sin dar el nombre, que sabía quién dio la
orden. Sin embargo, luego dijo que ni Morales, ni Llorenti, menos él, son los
responsables de la agresión a los marchistas.
El presidente de la Subcentral
TIPNIS, Fernando Vargas, indicó que no hay dudas de que el Jefe de Estado
ordenó reprimirlos como Capitán General de las Fuerzas Armadas (FFAA), ya que
recordó que entre los días 25 y 26 de septiembre se movilizaron contingentes
policiales, infiltrados y naves militares para trasladar a los marchistas a sus
regiones. Manifestó que no era necesario demostrar su responsabilidad porque la
misma Constitución Política del Estado (CPE) les daba la razón en su acusación.
“No hay que tener pruebas, eso
dice la Constitución. La Constitución estables que el Presidente es el
Comandante de las Fuerzas Armadas y es el que comanda la Policía Boliviana y
por lo tanto no necesitamos mayores pruebas, cuando se interviene de esta
manera. Las órdenes vienen de arriba, desde el propio Presidente y del propio
gabinete y quien tomó la decisión de ejecutarla, y estaba autorizado también,
fue el señor Sacha Llorenti”, aseveró.
Morales aseguró que conoció un
día después la intervención a la octava
marcha por el TIPNIS. García recordó hoy que un periodista le informó sobre lo
ocurrido en Chaparina y luego se comunicó con Llorenti, quien también aseguró
desconocía el incidente porque hubo una “ruptura de cadena de mando”.
Reunión de gabinete
En marzo de 2013, las afirmaciones de las autoridades de
gobierno y del hoy embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas
(ONU), Sacha Llorenti, fueron desmentidas
por la declaración en calidad de testigo ante la comisión de fiscales de La Paz
por la exministra de Defensa, Cecilia
Chacón, quien dejó el cargo porque estaba en contra de la agresión a los
indígenas.
Chacón contó detalles de lo que
sucedió en las esferas del gobierno, antes y después de la represión, pero no
dio el nombre de la persona que dio la orden de intervenir la caminata. La
movilización en esos momentos estaba obstaculizada, durante más de dos semanas,
por los colonizadores afines al MAS para que no llegue a la ciudad de La Paz y
por la misma Policía, ésta última justificó su presencia para evitar posibles
enfrentamientos, entre ambos sectores.
Según la exautoridad, Evo
Morales, Álvaro García Linera y Sacha Llorenti, participaron la tarde del
domingo 25 de septiembre, cuando se produce la intervención a la movilización
indígena, de una reunión de gabinete político en la residencia presidencial. Al
encuentro también acudió el canciller David Choquehuanca, el exviceministro de
Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, el entonces ministro
de la Presidencia Carlos Romero y ella. Dijo que otra reunión se sostuvo el
sábado 24, por la retención de Choquehuanca de parte de los indígenas en
Chaparina. Los movilizados pedían que el canciller convenza a los colonizadores (interculturales) para que
los dejen continuar con su marcha hasta la sede de gobierno.
Chacón explicó que Llorenti
recibía llamadas telefónicas por las que le informaban sobre los
acontecimientos en Chaparina y de acuerdo con ellas daba reportes de la
desarticulación de la marcha.
“(…) hubo reunión ordinaria de
gabinete político en la residencia. Yo llegué tarde y en momento en que el
(entonces) Ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) hablaba por teléfono y daba
algunos detalles sobre el traslado de las personas a Chaparina, esa reunión era
el domingo y yo llegue alrededor de las 20.00 a 21.00. Él (Llorenti) decía que
las personas habían sido subidas en buses y que iban a ser trasladadas a otro
lugar, no recuerdo a qué lugar en este momento, (pero) decían que la marcha se
había desarticulado y que se iban a ver los medios para trasladarlos hasta sus
domicilios, comunidades”, relató.
El presidente de las Subcentral
Sécure, Emilio Noza, dijo que el caso no avanza, ni avanzará. Criticó a Morales
por pedir a los fejes de estado de países desarrollados que asistieron a la
Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas de la ONU, el respeto a los derechos de los
pueblos; siendo que en el país, dijo, es el primero en vulnerarlos.
“Pide a los grandes políticos, a las grandes
transnacionales de que respeten a los pueblos indígenas, pero él como gobierno
no ha respetado fuera del país pidiendo respeto a los pueblos indígenas, lo
cual repudiamos totalmente, que respete primero el propio Presidente para que
pida a los otros países que puedan respetar, cuando él ha sido el que ha dado
la orden para la represión en Chaparina”, aseveró.
Show y premios por la
intervención
El exdirector de Régimen
Interior, Boris Villegas, reveló en 2013 a los fiscales que investigan el caso
Chaparina, que Sacha Llorenti instruyó “armar un show” con policías heridos y
propuso premiar a los participantes del operativo en la localidad beniana. La
versión fue corroborada por el exviceministro de Régimen Interior, Marcos
Farfán, y por el exsubcomandante de la Policía, coronel Oscar Muñoz Colodro.
Ambos imputados por este hecho, además del otro exjefe policial, Alberto Zapata.
Dijo que transmitió a la tropa
policial la orden de Llorenti para reprimir a los marchistas de la VIII marcha.
Indicó que se procedió con la medida, pese a que hubo resistencia entre los
oficiales.
“Los oficiales allí reunidos
expresaron su malestar con esta orden, tanto así que (el exviceministro Marcos)
Farfán y mi persona salimos al patio para comunicarnos con Llorenti. Fue
enfático (Sacha) al señalar que esa orden debería cumplirse sí o sí esa noche,
con las consecuencias políticas que ello acarrearía...”, confesó Villegas.
En la indagatoria, que fue
tomada por los fiscales Velásquez y Santos en el penal de Palmasola de Santa
Cruz, donde el exfuncionario del Ministerio de Gobierno, que está retenido por
estar involucrado en la red de extorsión, dijo que la orden para reprimir a los
marchistas la dio Llorenti el 24 de septiembre, pero fue suspendida para el día
siguiente por falta de elementos logísticos, entre ellos la cinta masking que
pidieron los policías para maniatar a los indígenas.
Villegas confirmó también que
el gobierno infiltró personal de inteligencia en la movilización indígena,
además de militares. “Yo me llevé una sorpresa llegando a Yucumo porque también
encontré que la marcha estaba infiltrada, monitoreada y seguida por
inteligencia militar que también se encontraba en el lugar”, detalló.
El exdirigente de la Subcentral
TIPNIS, Ovidio Teco, advirtió que el caso Chaparina no será resuelto en Bolivia
porque la justicia está en manos del Ejecutivo. Auguró que el tema sólo será
esclarecido en los estrados internacionales.
“Evo Morales todo lo controla,
la justicia, y él ordena por eso no hay ahorita responsables, como sabe que es
él el principal actor o el principal en mandar la represión por eso no hay nada
ahora”, puntualizó.
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