Piden normas concertadas
LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El congreso nacional de Cámaras
de Comercio, que se cumplió recientemente en La Paz, exige al Poder Ejecutivo
funcionarios públicos idóneos y un Sistema Regulatorio independiente del
control político gubernamental.
En una declaración
institucional difundida este domingo, las Cámaras Departamentales de Comercio,
Servicios y Turismo señalan que la legitimidad del Gobierno de Evo Morales no
se refleja en las políticas y prácticas regulatorias y observancia del debido
proceso.
“El Estado debe tener entidades
del sistema regulatorio independientes del control político gubernamental, que
cuenten con funcionarios públicos idóneos para fiscalizar todas las formas de
organización económica (estatal, comunitaria, privada y social cooperativa)
para crear una institucionalidad que garantice certeza y seguridad jurídica al
modelo económico plural”, destacan en un documento.
La Cámara Nacional de Comercio
plantea que el control social también se aplique a autoridades de Fiscalización
y Control Social, para evitar excesos en su administración.
Equidad
tributaria
Las Cámaras Departamentales
también exigen que haya equidad en la política tributaria a nivel nacional.
“El Estado tiene la obligación
de aplicar una política de universalización en materia tributaria, mediante un
sistema tributario integral, eficiente, proporcional, equitativo y estable que
amplíe la base tributaria, evitando que toda la carga impositiva recaiga sobre
un reducido sector formal”, agrega.
Este grupo de entidades propone
participar en una eventual reforma del código tributario, donde se considere un
sistema que contenga la instancia administrativa y jurisdiccional. Estas tienen
que ser independientes de la injerencia política.
“El Estado debe garantizar la
presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad entre la
sanción y la infracción a la normativa, así como la eliminación del salve et
repete (pagar el adeudo tributario para tener derecho a la impugnación) y el
fedetario del sistema tributario por vulnerar los principios constitucionales”,
concluye.
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