IMPULSAN LA NORMA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Los diputados Israel Mérida, María Soruco y Carlos Alarcón denunciaron este viernes que los proyectos de Ley Antibloqueo presentados por separado en 2025 permanecen paralizados en la Cámara de Diputados y atribuyeron la demora a un supuesto “bloqueo” en el tratamiento legislativo de las iniciativas.
En
una conferencia de prensa conjunta, los tres legisladores informaron que
decidieron unificar criterios y trabajar en un solo proyecto para impulsar su
tratamiento, al considerar que el país requiere una norma que permita prevenir
los efectos de futuros bloqueos.
Mérida
afirmó que las tres iniciativas se encuentran detenidas en la Comisión de
Justicia Plural y cuestionó que se les haya solicitado una nueva etapa de
socialización.
“Las
tres leyes están siendo bloqueadas. La ley contra el bloqueo está siendo
bloqueada en la Comisión de Justicia Plural”, sostuvo el legislador.
Señaló
que el país necesita “seguridad jurídica” y una legislación que permita evitar
situaciones como las registradas durante los recientes conflictos sociales.
El
diputado afirmó que los promotores de la norma ya cumplieron con el proceso de
socialización y criticó que ahora se les plantee dialogar con organizaciones
como la Central Obrera Boliviana y otros actores que, según dijo, han recurrido
a los bloqueos como medida de presión.
Asimismo,
advirtió que los conflictos podrían reactivarse en los próximos meses y pidió
que el proyecto sea aprobado “a la brevedad posible”.
Por
su parte, la diputada María Soruco recordó que los proyectos fueron presentados
entre noviembre y diciembre del año pasado y aseguró que no recibieron
respuesta de la comisión ni del comité correspondiente.
“Es
el clamor de la gente que pide que se trate y de una vez se sancione estas
leyes antibloqueos”, manifestó Soruco.
A
su vez, Alarcón calificó como un “pretexto” el argumento de que el proyecto
requiere mayor socialización, al señalar que transcurrieron seis meses desde su
presentación.
El
legislador sostuvo que existen encuestas que reflejan un amplio respaldo
ciudadano a la iniciativa y afirmó que los recientes bloqueos evidenciaron la
necesidad de aprobar la norma.
También
planteó que, si el Ejecutivo mantiene dudas sobre la promulgación de la ley,
podría convocar a un referéndum para que la ciudadanía defina su vigencia.

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