SANTA CRUZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El representante de la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Dennis
Racicot, señaló a Erbol Digital que el Estado boliviano debe analizar y definir
el caso de los líderes indígenas Fernando Vargas, Pedro Nuni y Adolfo Chávez,
con orden de aprehensión por los tribunales benianos, si corresponde el proceso
en la justicia ordinaria o la indígena.
“Hay una necesidad de definir el tipo de situación en cuanto a las normas
del derecho penal interno y como también el derecho de los pueblos indígenas;
pero es una situación que necesita una descripción adecuada de los hechos y
(los presuntos) delitos que se habrían cometido”, afirmó.
El 10 de julio, la Fiscalía de Beni expidió órdenes de aprehensión contra
tres dirigentes, porque no se presentaron a declarar por supuestas agresiones
al dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, en la
localidad de San Pablo, del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(TIPNIS):
Los acusados se resisten a comparecer ante la justicia ordinaria alegando
su incompetencia en el caso. Nuni, Vargas y Chávez azotaron y arrastraron por
el suelo a Pradel, porque expresó su apoyo a la construcción de una vía por el
corazón del TIPNIS. Este castigo se hizo -según ellos- de acuerdo a sus usos y
costumbres y con el respaldo de la justicia comunitaria, establecidos en los artículos 30, 199 al
201 de la CPE y los convenios internacionales.
Para el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el castigo
al que fue subordinado el dirigente de Conisur, afín a las políticas del
gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), no es “correcto”, desde la
perspectiva de los derechos humanos sino que debía resolverse con tolerancia y
respetando las diferencias.
A la vez, recordó que la carta magna de Bolivia reconoce la justicia
ordinaria y la “originaria campesina”; por tanto, se debe aplicar la Ley 073 de
Deslinde Jurisdiccional, para definir si los tres dirigentes deben ser
procesados por la vía ordinaria o comunitaria.
“Hay que tener una lectura adecuada a la situación en función al marco
legal interno en estos momentos y eso debe definir la justicia nacional.
Entonces, nosotros estamos a la expectativa de cómo evoluciona los distintos
recursos”, acotó.
Vargas, Nuni y Chávez, que encabezaron la octava y la novena marcha en
contra de la construcción de la vía que partirá en dos un parque nacional, se
encuentran atrincherados 39 días en la sede de la Subcentral del TIPNIS, en
Trinidad, pidiendo la prevalencia de la justicia comunitaria.

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