SUXO: PROCESOS JUDICIALES DE PINTO DATAN DE LOS '90 Y FUE DENUNCIADO POR POBLADORES DE COBIJA

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, ratificó el domingo que los procesos judiciales del senador Róger Pinto, que huyó del país furtivamente en complicidad de un diplomático brasileño, datan de los '90 y puntualizó que las denuncias fueron presentadas por los pobladores afectados de la ciudad amazónica de Cobija.

    'Estos procesos vienen desde la época en que el señor Pinto fue funcionario público de cara a los 90 y luego en el 2000, son los mismos pobladores  de Cobija quienes lo denuncian y también los de Zofra-Cobija, que es donde plantean las denuncias  y también los mismos servidores públicos de la universidad de Pando', subrayó en una entrevista con los medios estatales.

    De esa forma, aclaró que no es un perseguido político del Gobierno como se autocalificó para asilarse de mutuo propio en la embajada de Brasil en La Paz y eludir los procesos judiciales, para huir posteriormente a ese país.

    La Ministra Anticorrupción dijo que esos procesos se reactivaron después de la aprobación de la Ley 'Marcelo Quiroga Santa Cruz' que establece, que ningún proceso de corrupción pública quede en la impunidad.

    En esa línea, precisó que son cinco procesos judiciales que debe enfrentar el senador que ahora está en Brasil, uno de ellos con sentencia, el caso denominado Zofra-Cobija, en el que se estableció un daño económico al Estado de 11 millones de bolivianos, que duró 11 años.

    'El señor Pinto cuando iba a las audiencias iba con grupos de choque, iba con toda su bancada, amedrentaban a jueces, a fiscales, a los abogados de Zofra Cobija, de la gobernación, del ministerio de Transparencia con insultos', reveló.

    Enumeró que los otros casos tienen que ver con la venta de terrenos estatales a particulares de manera irregular, como si fueran terrenos propios o privados; la otorgación irregular de fondo de avance de las que no se rindieron cuentas y que se entregaron a personas que ni 'siquiera trabajaban en la ex Prefectura;  el tema de la construcción de desembarcaderos con contratos irregulares y adelanto ilegal; y la tala de árboles y desmonte ilegal de predios del Estado.

    Suxo dijo que el daño económico ocasionado por Pinto es de más de 18 millones de bolivianos y denunció un 'crecimiento desproporcionado' de sus ingresos entre 200 y 2005, de al menos 300%.