PROCURADURÍA RECUPERA 10 MILLONES DE BOLIVIANOS A FAVOR DEL ESTADO

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Procurador General del Estado (PGE), Hugo Montero, informó el jueves que entre 2011 y 2012 recuperó más de 10 millones de bolivianos por la ejecución de pólizas de garantía a favor del Estado.

    Montero, citado en un boletín institucional, detalló que ese monto fue recuperado entre agosto de 2011 y julio de 2012 por la ejecución de pólizas de caución, después que la Procuraduría General del Estado, mediante la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública (SPESFUJAP), instó a las entidades públicas asumir acciones diligentes en resguardo de los intereses del Estado.

    Esta Subprocuraduría, desde julio de 2011, identificó las pólizas de caución pendientes de cobro por parte de las instituciones de la Administración Pública, emitiendo requerimiento de información a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones y Seguros (APS), para que las compañías de seguros y reaseguros procedan con la remisión de esta información.

    Una vez enviada esta información a la PGE, se identificó a las entidades públicas que no ejecutaron sus pólizas de caución, verificando las acciones legales o administrativas, instando a la Unidades Jurídicas a asumir la defensa y precautela de los recursos económicos del Estado Plurinacional de Bolivia.

    Hasta antes de la creación de la PGE, no se contaba con información que refleje los montos que el Estado boliviano perdía por concepto de inejecución de pólizas de caución, es así que a partir de la gestión 2011, a través de la "SPESFUJAP", se logra identificar el número, monto y entidades públicas beneficiadas, emprendiendo esta recuperación.

    Una póliza de caución es un contrato mediante el cual una compañía aseguradora garantiza a favor del Estado, el cumplimiento de un contrato con un monto de dinero a una empresa proveedora (o vendedora) de bienes, obras y/o servicios; y ante el incumplimiento del contrato, las instituciones públicas del Estado solicitan que se ejecute la póliza (es decir que se pague el monto de dinero).

    Estas pólizas tienen un tiempo de vigencia dentro del cual se puede pedir su ejecución; pasado ese tiempo, ese monto ya no es ejecutable, es decir que el Estado no podría cobrar ese dinero ante el incumplimiento de un contrato garantizado con una póliza, quedándose sin la provisión del bien, obra y/o servicio y sin el dinero pagado por adelantado, teniendo que ejercer acciones legales posteriores.