LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
(FELCC) informó el martes que entre las gestiones 2011 y 2013 los casos de
trata y tráfico de personas y delitos conexos se incrementaron en un 40%, los
que están penados por la Ley 263 promulgada en 2012.
'Entre el 2011-2012 y el primer
semestre del 2013, en Bolivia la trata y tráfico de personas y otros delitos
conexos (pornografía infantil, tráfico de emigrantes, corrupción de menores,
proxenetismo, secuestro de menores y otros) se incrementaron en 40 por ciento'
dijo a la agencia ABI, Enrique Llanes, oficial de la Dirección Nacional de la
FELCC.
El diagnóstico de esa institución
policial establece que en 2011 se registraron 289 casos de trata y tráfico de
personas y delitos conexos: Cochabamba, 97; La Paz, 90; Santa Cruz, 65; Tarija,
15; Potosí, 7; Pando 5; Chuquisaca, 4; Oruro, 3; y Beni, 3.
En 2012 se registraron a nivel
nacional 421 casos: La Paz, 200; Santa Cruz, 71; Cochabamba, 69; Pando, 23;
Potosí, 20; Tarija, 17; Chuquisaca, 14; y Beni, 7.
Mientras que en el primer
semestre de 2013 (enero a julio) se registró 149 casos sin contar las denuncias
por desapariciones de personas hechas en plataformas de la FELCC: La Paz, 61;
Cochabamba, 27; Santa Cruz, 23; Tarija, 15; Oruro, 6; Chuquisaca, 6; Potosí, 5;
Beni, 4; y Pando, 2.
Con relación a las personas
denunciadas como desaparecidas, Llanes, dijo que en 2011 se registraron 421
denuncias, en 2012 al menos 541 y en lo que va de 2013 más de 281.
Consideró que las principales
víctimas de trata y tráfico son mujeres de entre 13 y 17 años de edad, seguidas
de aquellas de entre 18 y 30, de 0 a 12, de 30 a 45, y de 46 a 49 años.
Por su parte el nuevo director
nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fernando
Mercado, expresó que en ocasión del Día
Nacional Contra la Trata y Tráfico de Personas que se conmemoró el lunes, la
Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Órgano
Judicial, el Ejecutivo, el Defensor del Pueblo y otras asumieron el compromiso
de coordinar acciones contra este delito, sobre todo, con fines de explotación
laboral y sexual.
'Asimismo, coincidieron en
aplicar la Ley Integral Contra la Trata u Tráfico de Personas, en el marco de
las convenciones internacionales, que incorpora la imprescriptibilidad de este
delito, lo que impedirá el manto de impunidad en este problema que amenaza a la
sociedad', enfatizó.
La nueva norma legal establece
competencias para las entidades territoriales autónomas, entre los cuales están
los recursos de financiamiento para asistir a las víctimas, la construcción de
los centros de acogida con atención multidisciplinaria y la reinserción laboral
de los afectados.
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