EXDEFENSOR CRITICA AL GOBIERNO POR SHOW MEDIÁTICO EN LUCHA ANTICRIMEN

DDHH cuestiona vulneración del derecho al honor

José María Gonzales, exfuncionario de la ONU, detenido en 2011 por narcotráfico, seis meses después fue liberado al no existir pruebas en su contra.

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Información de Comuna Global).- El exDefensor del Pueblo Waldo Albarracín Sánchez sostuvo este martes que el gobierno actúa de manera mediática en algunos casos delictivos de repercusión nacional, para mostrarse eficiente ante la opinión pública.

Albarracín precisó que la policía y el gobierno detienen y presentan ante los medios de comunicación a presuntos autores de un hecho criminal sin tener las pruebas suficientes y vulnerando el principio de inocencia.

“Ellos reaccionan así para efectos de un show mediático, presentan a los delincuentes para mostrar una eficiencia  y después resulta que la historia es otra. Es mucho más negativo querer quedar a como de lugar bien ante la opinión pública que actuar con la necesaria responsabilidad frente a los hechos”, señaló el activista de derechos humanos.

El pasado 19 de abril el gobierno presentó ante los medios –y ante la población en general- al ciudadano brasileño Adao Souza Silva como responsable de un presunto acto de sicariato en la ciudad de Santa Cruz. Dos días después la jueza de Instrucción Valeria Salas dispuso la libertad al no encontrar indicios que lo incriminen. Posteriormente la fiscal Pura Cuéllar se presentó en la audiencia y ordenó su aprehensión por otro caso.

Vulneración de principios

Con este accionar, dijo Albarracín, el gobierno y la policía vulneran el artículo 116 de la Constitución Política del Estado referido al principio de  presunción de inocencia.

“Se garantiza la presunción de  inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”, se lee en la Ley de Leyes.

“Lo que hay que pedirle a la autoridad es que la mejor manera de resguardar la seguridad ciudadana es planteando proyectos serios, políticas estatales serias en favor de la seguridad ciudadana que garanticen también investigaciones responsables con procedimientos responsables”, aseveró Albarracín.

En el mismo sentido, el representante del Instituto de Terapia e Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Andrés Gutier, en anteriores declaraciones, manifestó que una manera de encubrir la ineficiencia de la policía y los fiscales es deteniendo a personas que por lo general son de origen pobre y no tienen como defenderse.

“Cuando hay casos graves la policía tiene la tendencia de si o si detener a los dichos culpables para mostrar hacia el publico que son eficaces, pero varios casos que hemos podido atender que han sido detenidos, en parte golpeados, son casos que nada tienen que ver con el caso y que se quedan más de un año y medio sin ser juzgados, sin saber por qué los han detenido, sin recibir pruebas”, apuntó.

Otro caso similar al de Adao Souza se dio con el prontuariado Félix Yupanqui, alias el “Matón quita calzón”, a quien el gobierno, en un maratónico operativo capturó y presentó como el responsable de la muerte de los periodistas Peñasco en la ciudad de El Alto. Sin embargo hasta el momento no existen las pruebas que demuestren esas acusaciones, expresó su abogado defensor, Guillermo Llacsa, que ahora se apresta a denunciar al Ministro de Gobierno Carlos Romero por daños y perjuicios.

“Vamos a interponer una querella criminal contra el Ministro por daños y perjuicios, si es posible por 100 mil bolivianos, para resarcir los daños (que le ocasionaron a mi cliente)”, apuntó.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, expresó en una anterior declaración que “si alguien está detenido y no le comprueban la culpabilidad tiene que iniciarle un proceso a las autoridades judiciales”.

“Tienen que reponerle el daño que le han ocasionado a la persona por el tiempo que ha estado preso”, remarcó.

Otro caso totalmente mediatizado que pretendió mostrar la eficiencia del gobierno y de la policía boliviana fue la detención y presentación de cuatro “peligrosos terroristas”, el pasado 30 de mayo de 2012, responsables de atentar con explosivos instituciones financieras y cajeros automáticos. Hasta el momento no se inicia el juicio y el proceso carece de pruebas contundentes.

“Eso obedece a un error tremendo que comete tanto el gobierno como la policía, y es que ellos actúan en función del temor a la protesta pública o temor a la opinión pública respecto a su negligencia en combatir el delito. Entonces les interesa más el salir bien ante la opinión pública y en ese afán incurren en actitudes precipitadas”, afirmó Albarracín.

La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos dijo que en situaciones como está el derecho a la honra es un principio muy vulnerado, principalmente en personas que nunca se imaginaron verse involucradas en este tipo de casos.

“Muchas veces se presenta a una persona acusada de un tipo de delito públicamente y está detenido preventivamente mucho tiempo, después sale en libertad pero no hay ninguna restitución”, indicó.

La afición de realizar presentaciones televisivas también se dio en la gestión del exministro Sacha Llorenti. En agosto de 2011 fue presentado públicamente el ciudadano español José María Gonzales, exfuncionario de la ONU, como miembro de una red internacional de narcotráfico que intentaba enviar 30 kilos de droga a España.

Seis meses después, ante denuncias de la oposición política de que Galán habría sido favorecido con la libertad por mediación de la ONU, el exministro de Gobierno Wilfredo Chávez explicó  a la opinión pública que se trató de una “equivocación” y que “ya todo fue aclarado”.

Actúan al calor de los hechos

Albarracín criticó la falta de seriedad en la actuación de las autoridades del Ministerio de Gobierno y evidenció que sólo proceden al calor de los acontecimientos.

“Asesinan a una periodista e inmediatamente promueven una ley, se ve en la televisión el asesinato por un sicario y sale el Ministro diciendo ‘me lo traen vivo o muerto’ sabiendo que en realidad una autoridad pública democrática no puede expresarse de esa manera ilegal”, dijo.

Lo que preocupa, agregó, es que ese sicario “mientras siga impune continúa la preocupación de la ciudadanía y también la tarea pendiente del gobierno y particularmente la policía”. Por eso insistió que el gobierno “debe obedecer a reacciones más serias y evitar actuar por el efecto mediático”.