PIDEN ENCAUSAR AL JUEZ ESPINAR POR PREVARICATO

Villegas confirma que sirvió al Gobierno, dicen

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, pidió hoy al Ministerio Público investigar al Juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto Daniel Espinar y encausarlo por prevaricato, al haberse confirmado, según la carta de Boris Villegas dirigida al Vicepresidente del Estado, que revocó su propia resolución sin ningún argumento jurídico y en coordinación con el Ministerio de Gobierno, para que falle en contra de personas con discapacidad, en febrero de 2012.

“Hubo una especie de coordinación (del Ministerio de Gobierno) con el Juez Espinar y éste por acomodarse al poder político actuó así por mañudo, el juez debería cuidarse de eso, no sacar una resolución y luego otra, hay un grado de participación delictiva del juez Espinar, ha cometido prevaricato”, denunció Albarracín quien patrocinó jurídicamente al movimiento de los discapacitados.

El prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Villegas, exdirector de Régimen Interior, y ahora sindicado como uno de los cabecillas de la red de extorsión, en una carta manuscrita dirigida al Vicepresidente Álvaro García Linera, expone que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, influyó para que el juez Espinar revoque su decisión.

“Si el señor Romero y Pérez se desgañitan ante los medios hablando de supuesta lucha contra la corrupción y que no se debe ejercitar ningún tipo de presión a jueces y fiscales, ¿porqué manda a su jefe de gabinete, Gisela Pérez, cuando se dio el conflicto con personas discapacitadas, el mes de marzo-abril de 2012, un sábado en horas de la noche ante el juez Daniel Espinar, juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, con la misión expresa de que se revoque su decisión, al haber otorgado libertad a sus dirigentes y la modifique y expida órdenes de aprehensión en contra de los mismos. Cometido éste que se consiguió en menos de dos horas?” se lee en la misiva.

Albarracín equiparó la actuación de Espinar con lo sucedido al juez Zenón Rodríguez, que revocó la resolución de libertad al estadounidense Jacob Ostreicher, y por ello ahora está siendo procesado. “Al menos Rodríguez lo hizo por presión, en cambio Espinar se prestó a eso”, precisó.

El abogado del caso Minaya -súbditos peruanos expulsados del país en agosto de 2011-, Franz Bustos, reiteró la denuncia en contra del juez Espinar por haber actuado en complicidad con el entonces funcionario del Ministerio de Gobierno Boris Villegas y el ahora Fiscal del Distrito de La Paz, José Ángel Ponce, para determinar la expulsión de sus defendidos en “franca vulneración de las leyes bolivianas”.

“Por una excusa que presentó el Fiscal José Ponce a instancias de Boris Villegas que estaba sentado a su lado, en la misma audiencia, recusan a la juez Karina Barea, creo, y a los dos días se lleva la audiencia ante el Juez Daniel Espinar y él de forma descarada, cínica y alevosa, va en contra de todo el código de procedimiento penal, viola el derecho a apelación que tiene todo ciudadano que está en el país, así sea de manera irregular, y saca una resolución de expulsión inmediata a los hermanos Minaya, a su esposa y al niño boliviano”, manifestó el letrado.

Por esta actuación, agregó, idéntica a la del juez de Santa Cruz, Zenón Rodríguez, que ahora está en la cárcel, “de igual forma el Juez Daniel Espinar debería estar procesado, junto con el fiscal José Ponce y el mismo Boris Villegas”.

Bustos demandó al Ministerio Público abrir una investigación al Juez Daniel Espinar y procesarlo por su probada conducta “antiética e ilegal” en su cuestionada actuación en el caso Minaya.

Similar participación tuvo el cuestionado juez en el caso del ciudadano peruano José Cantoral, donde declinó su autoridad y se allanó a la resolución del Ministerio de Gobierno, en coordinación con Boris Villegas, que determinó expulsar del país al súbdito peruano, denunció la defensa.