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viernes, 11 de enero de 2013

UN SENADOR POSEE EL PATRIMONIO MÁS ALTO Y UN MAGISTRADO EL MÁS BAJO



Los ricos y los pobres de los órganos del Estado
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El senador cruceño de Convergencia Nacional (CN), Germán Antelo, con 11.296.219 bolivianos, es el servidor público del país con más patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado. En contraste, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, tiene cero de patrimonio y un ingreso de 1.960 bolivianos.


Según los datos publicados en la página web de la Contraloría General del Estado (www.cge-djbr.gob.bo), los funcionarios que más patrimonio tienen no se están en los órganos Ejecutivo, Judicial ni Electoral, sino en el Legislativo. Este análisis también se extiende a los actuales gobernadores de los nueve departamentos y alcaldes de las principales ciudades capitales.
Después del senador Antelo, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ever Lucas Moya Zárate, es el que más fortuna declarada tiene, 10.748.700 bolivianos y rentas de 1.984.000 bolivianos; le sigue su colega de CN Rubén Darío Rojo Parada, con una riqueza de 9.978.450 y 554.530 bolivianos de ingresos; luego se ubica  el senador de CN Roger Pinto, cuyo patrimonio ascienden a 7.364.000 y sus actividades económicas producen 510.500 bolivianos.

Dentro del Órgano Ejecutivo, el único que declaró un patrimonio similar al presidente Evo Morales fue el ministro de Minería, Mario Virreira, con 2.359.500 bolivianos, los demás tienen registradas cifras menores.

Los hombres más representativos del gabinete, como el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tiene un patrimonio declarado de 1.913.000 bolivianos; su colega de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, 1.026.460 bolivianos; y el canciller David Choquehuanca 1.313.778 bolivianos.

En los órganos Judicial y Electoral no se encuentran elevadas cifras más que del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, con una fortuna de 3.237.442 bolivianos y de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, (posesionada en enero del pasado año) con 1.533.000 bolivianos y una renta de 168.000 bolivianos.

Santa Cruz tiene al gobernador más adinerado de los nueve departamentos, Rubén Costas, declaró un patrimonio de 4.409.346 bolivianos 588.644 bolivianos de ingresos. Sin embargo, el alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, supera la riqueza de la primera autoridad departamental, y de todos los burgomaestres de las principales capitales del país, tiene declarado 6.536.462 bolivianos de patrimonio.

Las autoridades con menos ingresos

El análisis de todas las cifras refleja que el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi Mamani, aparentemente es el más pobre de toda la administración del Estado, porque declaró una fortuna de cero y un ingreso económico de 1.960 bolivianos.

En contraste, se identificó a 16 legisladores que aparentemente son pobres porque sus riquezas registradas son de cero y menos cero. La situación más extrema es la del diputado masista Juan Chamaro Nay, que tiene un patrimonio declarado de -70.000.

Sin embargo, todos estos asambleístas tienen unos ingresos económicos, en promedio, de 200.000 bolivianos.

Los que tienen más ingresos económicos que patrimonio

Las cifras que proporciona la Contraloría son poco claras al momento de explicar las rentas con relación al patrimonio total de todas las autoridades. Es el caso de la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, que tiene un ingreso económico de 234.956 bolivianos, más que toda su fortuna que asciende a 128.546 bolivianos.

El alcalde interino del municipio de Potosí, Zenón Gutiérrez, declaró 180.736 bolivianos en rentas que no forman parte de su patrimonio, que es tres veces menos: 56.000 bolivianos.
En esta lista aparecen seis senadores y 30 diputados. La situación más sorprendente la tiene la diputada masista María Magadalena Chuca, sus rentas multiplican en 187 veces a su patrimonio, que asciende a 1.000 bolivianos.

Autoridades peor pagadas
Seis ministros dieron fe de que son los peores pagados de todo el gobierno, puesto que se trata de una declaración jurada.
Según la Contraloría, los ministros de Relaciones Exteriores, de la Presidencia y de Desarrollo Rural, David Choquehuanca, Juan Ramón Quintana, y Nemesia Achacollo, respectivamente, no perciben ninguna renta. 

Entre los peores pagados están la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, con  4.400 bolivianos; el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, con 1.310 bolivianos; y el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, que declaró un ingreso de 221 bolivianos en rentas.

Autoridades que no declararon

El portal de la Contraloría General del Estado no registró las declaraciones juradas de 36 servidores públicos: el presidente del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, el presidente del Tribunal Agroambiental, Bernardo Guarachi Tola, el gobernador de Potosí, Félix Gonzales, y la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis. A estas autoridades se suman 4 ministros, 11 senadores, 17 diputados.

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo; la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón; la ministra de Comunicación, Amanda Dávila; y el ministro de Culturas, Pablo Groux; son las autoridades del Ejecutivo que no prestaron su declaración jurada de bienes.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 235, indica: “Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: ... 3) Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo.”

El Estatuto del Funcionario Público, en su capítulo V, y el Reglamento RCE/17, establecen para Contraloría la obligación de publicar la última declaración jurada de todos los funcionarios públicos electos, designados, de libre nombramiento, máximos ejecutivos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, entre otros.

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