EL ALTO,
BOLIVIA (ANB).- La Defensoría del Pueblo a través
de un comunicado de prensa expresa su preocupación por la divulgación de un
video que daña los derechos fundamentales de la victima de presunta violación
en la Asamblea Legislativa de Chuquisaca. Exige a la justicia boliviana dar con
los autores de la violación a una servidora pública y regirse a las acciones
legales y penales establecidas en el país.
La Agencia de
Noticias de Bolivia (ANB) transcribe el comunicado de prensa en su integridad.
La Defensoría
del Pueblo sostiene que la libertad de expresión, el derecho a la información y
la libertad de prensa son pilares para la vigencia de la democracia y la
defensa de los derechos humanos y que sólo pueden tener como límites lo que
manda la Constitución Política del Estado, las leyes y la normativa ética a la
que se adscriben las organizaciones de prensa.
Como institución
defensora de los derechos humanos, entendemos que en el caso de violencia y
vulneración de derechos donde se afecte a ciudadanos y ciudadanas en estado de
indefensión como niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores,
mujeres, indígenas, personas con discapacidad y otros, la necesidad y el
derecho que tienen los medios a informar de manera oportuna, veraz y completa,
debe tener en cuenta el respeto a la imagen, reputación y dignidad que les asiste.
Creemos que las personas que han sufrido violencia y vulneración de sus
derechos pueden ser víctimas de nuevas formas de violencia social cuando se
difunde su imagen o se publiciten datos que faciliten su identificación.
En este sentido,
la difusión de filmaciones de la violación que sufrió una servidora pública en
la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, a través de medios
televisivos nacionales, a nuestro juicio, afectó el derecho a la buena imagen,
reputación y dignidad de una persona que, en este caso, es víctima de violencia
sexual perpetrada con alevosía. De allí
que hemos exhortado a los medios a tomar en cuenta la situación y los derechos
de las víctimas al momento de difundir información y hemos determinado iniciar
acciones de acercamiento y reflexión con los medios y periodistas en todo el
país para articular y armonizar los principios de derechos humanos que deben
tomarse en cuenta en la gestión de la información mediática.
Sin embargo,
también debemos dejar claro que nos oponemos de manera clara y firme a que esta
acción motive la intención de procesar judicialmente a los medios que las
difundieron. La Constitución señala
claramente que las faltas que pudieran cometer los periodistas en el ejercicio
de su trabajo, deberá procesarse por su propia ley y sus normas éticas. (Art. 107. P. II.- “La información y las
opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar
los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán
mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de
periodistas y medios de comunicación y su ley”).
Finalmente, nos
parece un despropósito que se pretenda dirigir la persecución y el castigo a
quienes hicieron conocer la información, cuando el delito fue cometido por
personas identificadas claramente y sobre las cuales deben recaer las acciones
legales y penales.
La Paz, 20 enero de 2013
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