Senadora del MAS, Carmen García.
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TARIJA, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El 24 de junio de 2010 el presidente Evo Morales
promulgó la Ley de Deslinde Jurisdiccional, considerada una de las cinco normas
fundamentales y que estaba destinada a ‘consagrar’ la justicia indígena, pero a
tres años su vigencia aún no se pudo aplicar.
La senadora del MAS, y representante indígena de Potosí, Carmen García,
reconoció que en el trabajo de elaboración del texto la norma perdió su esencia
por la intervención de abogados del gobierno, aspecto que se ahondó cuando el
Legislativo la analizó, dejando casi en nada el trabajo de la viceministra de
Justicia Indígena, Isabel Ortega.
“Veo que ha sido modificado el trabajo de esta hermana Viceministra y
cuando ha llegado al Legislativo aún más, es decir se le ha quitado su esencia,
hay que ir analizando si hay necesidad de modificación y hay que decir las
verdades y el mismo Ejecutivo tiene que
comprender esa realidad”, manifestó la legisladora.
Ayer, representantes del Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo
(CONAMAQ) intentaron entregar a la Asamblea las propuestas de modificación a la
norma, y pese a ser retenidos por la policía, lograron hacer conocer que el
deslinde está paralizado y que al menos cuatro artículos son
inconstitucionales, detalló su máximo representante, Félix Becerra.
“A los pueblos indígenas nos interesa que la justicia indígena esté al
mismo rango de la justicia ordinaria, eso dice en la Constitución pero en la Ley
(de Deslinde) no dice así, en ese marco, en el artículo 9 y artículo 10, es que
nos habla esto. La ley de Deslinde está paralizada, entonces es
anticonstitucional. Hemos podido trabajar con los parlamentarios para que tenga
la justicia indígena y la justicia ordinaria el mismo rango”, manifestó.
En el acuerdo firmado entre el CONAMAQ y los llamados librepensantes, el
grupo de asambleístas del MAS se comprometió a realizar enmiendas a la norma,
según la diputada Rebeca Delgado, quien recibió las sugerencias para garantizar
la aplicación de la jurisdicción indígena.
“Vamos a tener con el diputado Pamuri, con la diputada Carmen García y con
quienes se quieran sumar, vamos a tener con mucha humildad y responsabilidad,
para hacer considerar se apruebe o no se apruebe lo que dicen nuestros pueblos
originarios”, señaló Delgado.
La propuesta del CONAMAQ y los librepensantes propone la adecuación
constitucional de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la norma y fueron recibidas
con amplitud por el jefe de la bancada del MAS en el Senado, Eugenio Rojas,
quien incluso se animó a posibilitar que la justicia indígena se aplique por
juntas vecinales en barios periurbanos de las ciudades.
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