“Me obligaron a renunciar a golpes”, dice una concejala
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).-
A Magaly Montes,
concejala del Movimiento Sin Miedo (MSM) del municipio de Tolata, en
Cochabamba, comenzaron a pedirle su renuncia de forma violenta después que
denunció corrupción en la Alcaldía. Sin embargo, no lograron echarla, ella
sigue resistiendo. No pasó lo mismo con Rosa Silvestre del municipio de
Achacachi, quien contó que a plan de golpes la obligaron a firmar su dimisión.
Como ellas hay otras autoridades que por miedo a represalias sufren en
silencio.
El engaño y la falsa promesa también se ciernen sobre las autoridades
mujeres. Roxana Calustro concejala suplente del MSM en el municipio de Cliza
(Cochabamba) denunció que no le permiten asumir la titularidad. Ella invirtió
tiempo y dinero en favor del candidato que le prometió dos años de gestión,
pero ahora sólo quiere reconocerle uno. Similar situación ocurría con Gloria
Escóbar, también de Cliza, que a tanto reclamar el concejal titular le
permitirá asumir el cargo por año y medio.
Casos
Magaly Montes fue víctima de agresión por parte del alcalde municipal de
Tolata, Walter Vargas, -también del MSM como ella- y de miembros del concejo porque presentó
denuncias de corrupción por malos manejos de bienes. Las agresiones también
provinieron en primera instancia del concejal suplente que le pedía la
titularidad.
“Las agresiones recibidas por el alcalde (Walter Vargas) y las señoras de
las OTBs es por una invitación que he recibido de parte de ciudadanía para
poder aclarar sobre la ley 243 (contra el Acoso y Violencia Política), son las
razones y los motivos que estoy siendo acosada políticamente por las mismas
autoridades, por eso fui a los medios de comunicación e hice escuchar algunas
cosas que pasan dentro del municipio, esa ha sido la razón para recibir las
agresiones del alcalde municipal”, testimonió Montes.
La autoridad también presentó denuncias por malos manejos de los bienes del
municipio por parte de Vargas como el “uso de los vehículos oficiales sin
control” y uso de recursos del municipio sin autorización. “La carta orgánica
no se ha llevado todavía a cabo en el municipio pero resulta que el dinero ya
fue gastado”; “está el tanque de almacenamiento de agua potable que solo tiene
90 mil bolivianos en el POA y ha pedido una contraparte a la comunidad de 87
mil bolivianos donde no hay un convenio que se ha firmado ni una ordenanza que
haya aprobado eso”, apuntó.
La concejala de municipio de Achacachi Sofía Silvestre relató que fue
violentamente agredida por las autoridades ediles de su región cuando se opuso
a aprobar un proyecto donde ella identificó sobreprecio.
“En uno de los proyectos yo he encontrado que había sobreprecio y he
presentado mi informe rechazando y de eso ha empezado el problema. Una vez para
tratar el informe en el pleno del municipio la gente ha empezado a alzar la
voz, nos han empezado a golpear, y a patadas y a puñetes me han hecho firmar a
malas mi renuncia”, sostuvo.
Roxana Calustro, concejal suplente del municipio de Cliza, lamentó que su
titular no quiera cumplir su palabra. “Hemos tenido dos conversaciones con mi
titular pero lamentablemente él se niega a darme la gestión por alternatividad
por año y medio, él dice un año y nada más”. Denunció engaño y discriminación
por su condición de mujer.
“El acuerdo que yo tuve es que él asumiría su titularidad tres años y los
dos años sería para la suplente, pero lamentablemente después de una
conversación que hemos tenido me dice, ‘no, yo lo he pensado y sólo te daré un
año para que asumas’; es injusto porque a la mujer todavía nos ven como un caso
que tiene que estar esperando ahí pacientemente”, manifestó.
De acuerdo a los reportes de radio Ecológica de Cliza de la Red Quechua de
Erbol, las agresiones también se dieron en el municipio de Arbieto donde incluso
la situación es más crítica para las mujeres autoridades, así como en los
municipios de Tacachi y Toco.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Karina Marconi Ticona, señaló
que este tipo de violencia aún se genera en la sociedad y en particular en los
municipios pese a que existe el marco legal que protege a la mujer y da las
pautas para su implementación.
“La ley de manera específica señala que cada institución tiene la
responsabilidad de incorporar dentro de sus reglamentos internos la atención de
este tipo de casos, establece que por la vía administrativa un municipio tome
en cuenta desde la denuncia, la investigación hasta la sanción, pero eso es un
caso que todavía no se está cumpliendo”, dijo.
Marconi dijo que muchas autoridades alegan desconocer las normas aprobadas,
sin embargo, agregó, “es una obligación que ellos conozcan las normas ni bien
son publicadas en la gaceta oficial”.
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