DEBATEN SI BOLIVIA OPTA POR LA SOBERANÍA O NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA

Proyecto de reglamento aún no está definido

PANDO, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Técnicos de entidades estatales, activistas y algunos representantes de organizaciones sociales debaten el Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y  Comunicación (RDTIC) que definirá el futuro de la soberanía tecnológica, que un Estado desarrolle su propia ciencia y tecnología, u optar por la neutralidad tecnológica, que se fundamenta en la dependencia de proveedores multinacionales del servicio informático al mercado de la administración pública de los países.

El proyecto normativo planteado por el Viceministerio de Telecomunicaciones y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que reglamenta la Ley 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías  de Información y Comunicación, promulgada el 8 de agosto del 2011, contradice en algunos puntos la política gubernamental de la “soberanía tecnológica”.

El artículo 19 señala que “el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, debe considerar principalmente los siguientes lineamientos: promover la integridad, oportunidad, confidencialidad, disponibilidad, interoperabilidad y neutralidad tecnológica de los sistemas de información que serán utilizados en los procesos y procedimientos administrativos de los órganos y niveles del Estado”.

¿Software libre o privativo?

La activista Eliana Quiroz explicó que el software libre permite que los usuarios tengan la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software; por tanto, es cuestión de libertad tecnológica, no de precio. Mientras, el programa que no es libre, denominado software privativo, es un instrumento tecnológico de poder injusto.

César Calderón indicó que las tecnologías no son neutrales, la elección de una u otra sistema no es una decisión técnica sino una medida política de cada Estado con fuerte carga ideológica. Es decir, si el usuario tiene la capacidad de controlar el programa o el programa controla a los usuarios.

Las empresas de software privativo que promueven la neutralidad tecnológica plantean que los proveedores de software libre y privativo compitan libremente para mantener el control y las ganancias extraordinarias; pero, el software libre facilita a un Estado la posibilidad de salir de la simple función de consumidor de tecnología para convertirse en participante activo de la sociedad del conocimiento, explica el argentino Ismael Lofeudo.

Proyecto del rdtic fusionado from Erbol Digital

En noviembre de 2012, el presidente y cofundador de la multinacional Microsoft, Bill Gates, pidió al Gobierno de España neutralidad en la dotación tecnológica de la administración electrónica porque el Estado español había descubierto las posibilidades del software libre.

El 13 de julio pasado, los mandatarios de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Venezuela, en Montevideo, presentaron una declaración conjunta con 59 puntos. Los mandatarios del Mercado Común del Sur (Mercosur) plantearon el desarrollo de software libre para las soluciones en materia de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Técnicos defienden proyecto normativo cuestionado

El responsable de Fiscalización de TIC de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Samuel Málaga, explicó que el proyecto del RDTIC fue elaborado y discutido por los técnicos de varias instituciones para que pueda beneficiar a la ciudadanía en general.

“El software libre se ha pensado, todo eso; ya muchas instituciones ya manejan el software libre. Se tiene a la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) como responsable, que va ser el repositorio y va a empezar a tener el registro de todo el software libre de diferentes instituciones gubernamentales del Estado”, justificó.

El responsable de Políticas en Tecnología del Viceministerio de Telecomunicaciones, Roberto García, agregó que varias organizaciones hicieron llegar sus observaciones, que a algunas se atendió y otras no porque estaban en discrepancias con otras sugerencias.

“(Algunas organizaciones nos dijeron) que la Ley 164 dice que se debe promover el tema de software libre y no obligar y por qué están obligando, yendo más allá de lo que dice la norma (…) Tras la reunión con muchos sectores, creemos que este reglamento resume el espíritu de la Ley (de Telecomunicaciones), (pero) está bien, puede ser siempre perfectible”, argumentó.

El funcionario explicó que el reglamento debe ser un “instrumento general” porque lo demás viene de las resoluciones administrativas ministeriales, como las características técnicas, que sólo conocen los ministros.

“Los ministros de Salud y Minería qué tienen que estar viendo con el tema de estándares del software libre (eso) nos han hecho notar y nos han hecho quitar. Entonces, este reglamento está dando vueltas y vueltas, cambiando una cosita, mejorando otra cosita y hasta que alguien se le ocurre y dice quiten eso lo que han aumentado y volvemos otra vez al primero”, sostuvo.

Sánchez arguyó que el reglamento debe estar enmarcado sólo al título cuarto de la Ley de Telecomunicaciones que trata sobre el “desarrollo de contenidos y aplicaciones de tecnologías de información y comunicación” y no se puede ir más allá, aunque consideró que podría ser perfeccionado. Pero, no hizo referencia sobre la política gubernamental de la soberanía tecnológica.

Demandan soberanía tecnológica

El ciudadano José Sejas dijo que el término de la “neutralidad tecnológica”, en el reglamento, abre al argumento central en favor de las multinacionales y el monopolio del Microsoft.

Álvaro Calvimontes, director de Informática de la Cámara de Diputados, manifestó que las observaciones al proyecto normativo no son superficiales sino de fondo y deben definirse con claridad las palabras, la participación de las organizaciones ciudadanas y de la universidad boliviana para que todos “empujen el carro” con la misma dirección.

Veimar Pereira, exasesor las organizaciones sociales, interpeló a los técnicos que elaboraron el proyecto de reglamentación de por qué no participan del “plan de implementación de software libre y estándares abiertos” los órganos Judicial, Legislativo y Electoral, como indica el artículo 77, de la Ley 164.

“Si la Ley dice que en el plan de software libre tienen que participar todos los órganos del Estado y en el reglamento no dice que participan todos los órganos del Estado, sino solamente el Ejecutivo, eso está en contra de la Ley”, subrayó.

Pereira añadió que la definición del término de software libre frente a la neutralidad tecnológica es importante, porque el primero es política del gobierno de Evo Morales, Estado boliviano y forma parte de la agenda gubernamental 2025, la soberanía tecnológica.

“Si no entramos al software libre no vamos lograr la soberanía tecnológica, que el Presidente Morales está planteando y quiénes se agarran con uñas y dientes del software privativo parecería que estuvieran en contradicción a esa filosofía y meta (estatal)”, replicó.

Iván Sanjinés, director del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC), y Yeanet Villegas, comunicadora de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), reiteraron que las organizaciones sociales formen parte del Consejo Plurinacional de Tecnologías de Comunicación e Información (Coplutic).

Intereses “ocultos” de las multinacionales

Además, revelaron que una entidad estatal trajo una presentación de la multinacional Microsoft para tratar sobre la neutralidad tecnológica e interoperabilidad, términos que están incorporados en el artículo 19, del proyecto reglamentario.

El activista Mario Chuquimia indicó que existen intereses de algunas transnacionales que mediante las palabras sencillas como la “neutralidad tecnológica” se abren espacios para obstaculizar el software libre y la proyección de la soberanía tecnológica, planteado por el Gobierno.

“Lamentamos que existan algunos intereses dentro del Gobierno de promover la utilización del software privativo, que no acata nuestras leyes. (Cuando) compramos el software Oracle y de Microsoft (el mismo) trabaja, según la licencia, con la legislación norteamericana y con nuestros datos”, afirmó.

Chuquimia puso de ejemplo el “chantaje tecnológico” del software privativo a la estatal de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que paralizó la industria hidrocarburífera del país caribeño. Por tanto, desafió: “sí un Estado no controla la tecnología, la tecnología controla al Estado”.

Seguridad informática para el Estado

El encargado de Datos de la Vicepresidencia, Nicolás Laguna, pidió que el reglamento responda a las necesidades de la seguridad informática y el desarrollo de la soberanía tecnológica, y puso de ejemplo, las denuncias de seguimiento de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadunidense a los países de la región y del mundo, que sólo sería posible contrarrestar con el desarrollo del software libre. La observación causó molestia al técnico de la ATT.

“Hay dos retos de las agencias encargadas de la tecnología (en Bolivia), la seguridad informática del Estado, de sus ciudadanos y la soberanía tecnológica, postulada por el Presidente Morales, cuando uno depende no es soberano y cuando deja de depender es soberano”, sostuvo.

Laguna replicó que la propuesta reglamentaria no perfile con claridad el estudio y desarrollo del software libre para que las licencias del Estado boliviano no estén bajo la legislación de los Estados Unidos.

¿Gobierno electrónico o abierto?

Uno de los asistentes, objetó que el “gobierno electrónico” – que propone el reglamento – es un tema de hace 10 años, en la actualidad se impulsa el “gobierno abierto”. Incluso, observó que algunas entidades del Estado siguen comprando software privativo, en contradicción con la política gubernamental.

Erbol Digital buscó acceder al Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y  Comunicación, elaborado por la Viceministerio de Telecomunicaciones y la ATT, que prometieron subir al Internet que no ocurrió, menos en las instancias gubernamentales. Pero, presentamos el proyecto normativo con observaciones de los activistas y las organizaciones sociales.