GOBIERNO: LA COB NO PUEDE DISPONER DEL FONDO SOLIDARIO PORQUE ES MINORÍA

Conflicto sobre pensiones

Viceministro de Pensiones, Mario Guillén.

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén Suárez, señaló este jueves que los pregones de la Central Obrera Boliviana de disponer del fondo solidario para obtener mayores rentas de jubilación son infundadas porque sus afiliados son los que menos aportan a esta base.

“Entre los principales aportantes al fondo solidario, básicamente están el sector público. El 2012 ha aportado 354 millones de los 1.586 millones de bolivianos recaudados, el sector privado ha aportado 389 millones y el sector magisterio ha aportado con 285 millones”, sostuvo el funcionario.

De los datos referidos, concluyó Guillén, más del 50 por ciento de los aportes corresponden al sector público y privado que no están afiliados a la COB, por lo que no corresponde que ellos quieran “disponer sobre los cotizaciones que hacemos nosotros al fondo solidario”.

“Cuando ellos buscan que subamos los montos de jubilación, lo que están haciendo es decidir sobre los aportes que todos nosotros hacemos para mejorar la pensión de aquellos que menos ganan”, dijo.

Administración de la gestora

Guillén explicó que otra de las demandas del ente matriz de los trabajadores es administrar la gestora pública bajo el argumento de que se trata de “sus dineros” cuando también representan una minoría.

“Aproximadamente el 26 por ciento de las personas que están afiliadas al sistema de pensiones están afiliadas a la COB, el otro 21 por ciento pertenece al sector público y un 53 por ciento están en otros sectores incluyendo el privado”, señaló la autoridad.

Precisó que si en algún momento se accediera a que haya representaciones en la gestora en función a los porcentajes de participación, “ellos deberían ser los que menos directores tengan porque solamente representan el 26 por ciento de las personas que están afiliadas al sistema de pensiones”.

La Central Obrera Boliviana demanda una renta de jubilación de 8.000 bolivianos para el sector minero y 5.000 bolivianos para los demás trabajadores; monto que deberá atenderse “con los recursos del fondo solidario”.