LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- Bolivia emprenderá por primera vez en su historia
el camino del autoabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y en menor
proporción de gasolina, cuando inaugure el viernes en el departamento de Santa
Cruz su prima Planta Separadora de Líquidos Río Grande que insumió una
inversión de 168,4 millones de dólares y que antes de ponerse en forma debió
sortear el óbice de la corrupción.
La puesta en marcha de la Planta
le permitirá al país, que contiene la segunda reserva probada y probable de gas
natural de Sudamérica (19 trillones de pies cúbicos), ahorrar 160 millones de
dólares año, es decir reducir de 1.060 a 900 millones de dólares/año el gran
agregado presupuestario destinado a la subvención a los carburantes.
La planta de separación de
líquidos Río Grande prevé procesar alrededor de 5,6 millones de metros cúbicos
de gas natural por día, para obtener 361 toneladas métricas diarias de GLP; 350
Barriles por Día (BDP) de gasolina natural y 195 BPD de isopentano, insumo
básico para la industrialización de los hidrocarburos, informó el viceministro
de Industrialización Comercialización, Transporte y Almacenaje de
Hidrocarburos, Álvaro Arnez.
El GLP producido en Río Grande
será destinado en primer lugar para abastecer el mercado interno y el resto se
exportará en cisternas a países vecinos, principalmente Paraguay, donde ya se
envió en 2012 un primer despacho de 1.000 toneladas del energético, luego de
declarar a Bolivia como autosuficiente en su producción.
La Planta de Río Grande, que
marcará el inicio de la industrialización de los hidrocarburos boliviano, una
de las promesas electorales del presidente Evo Morales en los comicios de 2005,
entraña una historia muy particular, cóctel de inversión, tecnología de punta,
esfuerzo, gestión, tesón, sufrimiento y, obra humana finalmente, dinero y
crimen.
La construcción del emplazamiento
involucró en distintos momentos a altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), posteriormente encarcelados por corrupción, entre
ellos, el ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez.
En 2009, el asesinato de un
empresario boliviano, Jorge O'Connor destapó una millonaria corruptela que puso
en relieve, a su vez, un irregular contrato con la empresa Catler Uniservice,
que movía la friolera de 86 millones de
dólares.
En enero de 2012, el Tribunal de
Sentencia Primero del Distrito Judicial de La Paz condenó a Ramírez a 12 años
de prisión en el penal de San Pedro, acusado por los delitos de uso indebido de
influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta
antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa.
Por otra parte, un accidente de
tránsito registrado en 2012, que involucró a un vehículo oficial de YPFB,
destapó otro escándalo de corrupción en torno a la construcción de las plantas
separadoras de líquidos Río Grande (Santa Cruz) y Gran Chaco (Tarija).
Las investigaciones de ese caso
derivaron en la detención en la cárcel de Palmasola, del que fuera gerente de
plantas separadoras de YPFB, Gerson Rojas, y de los ex funcionarios Agustín
Ugarte, Brenda Avilés y el abogado Marcelo Oña.
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