LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El fiscal Marcelo Soza confirmó que por
disposición de la Sala I de Sentencia de la judicatura de La Paz, el juicio
contra los financiadores y miembros de una célula de mercenarios europeos que
buscaba encender una guerra civil en Bolivia, se radicará desde lunes en la
ciudad de Santa Cruz, a pesar que no ofrece las garantías para los funcionarios
públicos del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía.
'Velando por la seguridad, la
salud, integridad física y la vida de los imputados, para el lunes se fijó la
audiencia de juicio oral en Santa Cruz, que no reúne las condiciones, mucho
menos de la audiencia de reapertura', explicó en declaraciones a la ABI.
En su fase sumaria el proceso se
efectuó en la jurisdicción de Tarija.
Soza denunció amenazas de muerte
lanzadas por anónimos contra él, un funcionario que lo acompaña y hasta
personeros del Ministerio de Gobierno, por allegados a los grupos de poder que
financiaron al cabecilla de la banda de mercenarios, el boliviano húngaro
croata Eduardo Rózsa Flores, veterano de la
guerra secesionista de los Balcanes, en Europa.
Rózsa y tres de sus
lugartenientes cayeron en abril de 2009 en un hotel de la ciudad de Santa Cruz,
durante una operación policial.
Soza explicó que Santa Cruz no
ofrece las garantías para llevar a cabo este juicio, teniendo en cuenta los
antecedentes de que en esa ciudad ocurrieron los hechos y la investigación.
Dijo que personas vinculadas a la
ultraderechista Unión Juvenil Cruceñista, en 2007 y 2008 brazo armado de un
grupo de derechas que hasta planteó la división de Bolivia entre tierras altas
y bajas, y del político empresarial Comité Pro Santa Cruz obstaculizan la
instalación del juicio.
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