COMISIÓN DIPUTADOS APRUEBA PROYECTO LEY INTEGRAL

Descartan pena de castración química

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle, hoy a las 08.00, el proyecto de Ley Integral de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres, luego de debatir la norma casi toda la noche, según lo confirmó el titular de esa instancia del Legislativo, Ever Moya.

De acuerdo con el asambleísta, no se hizo ninguna modificación de fondo a la norma, simplemente de forma. Así también se discutió la inclusión o no de la castración química como posible sanción ante un hecho de violación, determinando no contemplar esta figura dentro de la Ley por el costo económico que representa.

“En el proyecto de Ley esto de la castración química se ha debatido y se ha suprimido este aspecto. Es preferible tener la sanción máxima que en el caso de violación es de 20 a 25 años. Si hablamos de una castración química, esto también significa costo y por esas razones es que se ha suprimido”, señaló Moya.

El texto consta de 102 artículos, que establecen, entre algunos aspectos, los presupuestos necesarios para su aplicación y la creación de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, instancia que estará bajo la tutela del Ministerio de Justicia.

La presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, manifestó al respecto que existe la posibilidad de incluir la castración como sanción cuando se realice el debate del texto en el pleno de Diputados, razón por la que esta pena no estaría del todo excluida del proyecto.

“Yo fui una de las diputadas que propuso la castración química y también he analizado la debilidad de esta penalidad que le costaría mucho dinero al Estado y sabemos que a veces se dejan de aplicar muchísimas leyes justamente por la falta de recursos (…) de todas maneras no es excluyente del debate”, manifestó Tejada.

Finalmente, la diputada de Unidad Nacional (UN), Elizabeth Reyes, criticó que dentro de la norma no se contemple con precisión los recursos que alcaldías y gobernaciones deben destinar para luchar y atender los hechos de violencia, aspecto que calificó como un vacío normativo.

“No se puede hacer de buenas intenciones si esta no garantiza un presupuesto establecido, de otra manera significa que el gobierno central como los gobiernos autónomos pueden considerar un boliviano como 100 para la lucha contra la violencia hacia la Mujer, sin recursos no hay ningún tipo de avances”, reprochó.