BALTASAR GARZÓN DICE QUE CHILE NO DEBERÍA CERRARSE AL DIÁLOGO CON BOLIVIA

TIQUIPAYA, BOLIVIA (ANB / ABI).- El exjuez español, Baltasar Garzón, consideró el lunes que el gobierno de Chile no debería cerrarse al diálogo con Bolivia, en la demanda marítima porque, a su juicio, podría acercar a ambos países.

    Reconocido internacionalmente por abrir procesos contra los gobiernos militares de Chile y Argentina, Garzón participó como invitado especial en la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida en Tiquipaya, vecina de la ciudad central de Cochabamba.

    "No tendría sentido prolongar esta posición tan cerrada de Chile para algo que acercaría mucho más a ambos países. Son países hermanos y sobre todo daría posibilidad de un desarrollo muy importante por Bolivia", remarcó el jurista español, después de una reunión con el presidente Evo Morales, en esa población.

    El pasado domingo, Garzón calificó de "absolutamente justa" la demanda marítima de Bolivia, y dijo que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que se declaró competente en ese litigio, abrió una puerta para que se consolide el derecho boliviano de retornar a las costas del Océano Pacífico.

    A su juicio, la demanda marítima de Bolivia debió haberse resuelto hace mucho tiempo, pero dijo que a veces "la torpeza política y los intereses económicos interfieren en lo que son las necesidades de los pueblos".

    "Espero que eso se solucione más pronto que tarde", remarcó.

    El exjuez español reveló que coadyuvó en el origen de la demanda marítima boliviana y, además,  sugirió a algunos juristas internacionales para formar el equipo para el litigar en la CIJ de La Haya, entre ellos, el jurista Remiro Brotóns.

    Garzón también se hizo famoso por ordenar, como juez de la Audiencia Nacional de España, la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a finales de los 90", por los delitos de genocidio, además de investigar a la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

    En febrero de 2012 fue expulsado de la carrera judicial, después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por supuesto prevaricato en la investigación de los  crímenes del Franquismo.