LA
PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Ministerio de Gobierno denunció el lunes que las
declaraciones el ex fiscal hoy prófugo de la justicia boliviana, Marcelo Soza,
sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo en el proceso por el caso
terrorismo I, intentan engañar al Consejo Nacional del Refugiado del Brasil
(Conare) para conseguir su status de refugiado en ese país.
'Las recientes
declaraciones del prófugo de la justicia y ex fiscal Marcelo Soza Álvarez
respecto al caso separatismo sólo buscan engañar a la Comisión del Conare a fin
de conseguir su status de refugiado en Brasil, país que lo acogió temporalmente
luego de que huyó de Bolivia en marzo de este año', señala un comunicado de esa
cartera de Estado.
Indica que las
aseveraciones que realiza Soza fueron planteadas en reiteradas oportunidades
por la defensa de los acusados en el caso separatismo, empero, éstas fueron
rebatidas, con pruebas idóneas, dentro de las distintas etapas del juicio,
incluso por el mismo ex fiscal.
En ese marco,
el ex representante del Ministerio Público busca confundir a Conare con el
objetivo de conseguir un asilo de forma ilegal, siendo que tiene procesos
penales pendientes en Bolivia.
'Soza es
prófugo de la justicia acusado de delitos comunes y no es un perseguido
político', aclara la denuncia.
El ex fiscal
fue imputado formalmente por la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz por los
delitos de concusión, extorsión, cohecho, uso indebido de influencias y
consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.
Recuerda que lo
denunciaron los procesados en el caso separatismo y ahora resulta que quien
extorsionaba y generaba miedo se convirtió en víctima de este proceso.
'Sus
declaraciones son típicas de una persona que sólo pretende cubrir los delitos
que cometió, responsabilizando a gente que actuó en el marco de la ley y no
tienen ningún valor jurídico ni moral', advierte la denuncia
De acuerdo al
documento, 'el desarrollo del juicio por separatismo en el fondo no se ve
afectado por las declaraciones del ex fiscal Soza, ya que el momento procesal
de observar la legalidad o no de la prueba ya caducó y en consecuencia se
demostró la legalidad de la obtención de la misma, por lo que se desvirtúa la
versión de que existiría irregularidades al respecto'.
En la etapa
conclusiva del proceso se resolvió todo lo concerniente a la prueba, a la
obtención de la misma, y se dictó la Resolución el 4 de noviembre de 2011, en
la que se rechazó 73 incidentes y excepciones concernientes en su mayoría a la
prueba.
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