PROHÍBEN REVELAR ‘CUALQUIER GESTIÓN’ DEL TEMA MARÍTIMO

 Evo firmó el Decreto Supremo 2000

Evo Morales firma un documento junto al procurador Héctor Arce. Foto: WUNITV 

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- De acuerdo al periódico “Página Siete”, el Decreto Supremo número 2000, aprobado por el gabinete, determina que “cualquier gestión relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, ex autoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva”.

Más adelante, el decreto firmado por los 21 ministros y el Presidente, reafirma que las actuaciones que sean conducidas por los mencionados “tendrán absoluto carácter de reserva y confidencialidad”. En el párrafo siguiente, se le entrega al Ministerio de Relaciones Exteriores la autoridad para definir “los lineamientos que compatibilicen la reserva establecida con los principios de orden constitucional”. Entre esos principios, se dice explícitamente, están los “derechos de información, expresión y opinión”.  A partir de esta designación, podría deducirse que será la Cancillería del Estado la que regule la reserva planteada tratando de no afectar el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Decreto Supremo 2000 from Juan Macias

El decreto 2000 ha sido aprobado después de que la Procuradoría del Estado, al mando del abogado Héctor Arce, presentara una demanda para que dos periodistas del periódico “La Razón” revelen la identidad de una fuente, un funcionario público, quien dio a conocer al medio impreso algunas anécdotas del proceso de elaboración de la memoria presentada por Bolivia el 17 de abril pasado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En la segunda parte del decreto, se define el funcionamiento de un consejo de ex presidentes, ex cancilleres y otras personalidades como una instancia de asesoramiento en materia de política exterior marítima. Dicho consejo es convocado por el Presidente, o, en su ausencia por el Vicepresidente o el Canciller. Sin referirse al ex presidente Carlos Mesa, el decreto señala que el Presidente del Estado puede encomendar a distintas personalidades, misiones oficiales de difusión de la demanda marítima en Bolivia o el exterior.