LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- Organizaciones de la prensa apoyaron el martes la
implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y pidieron
a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que se reduzcan las
excepciones a la norma.
El representante de la Asociación
Nacional de la Prensa (ANP), Franz Chávez, expresó el apoyo de esa institución
a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 'por su indudable
contribución' al libre ejercicio ciudadano de su derecho a la información como
fundamento básico para ejercer sus derechos de libre expresión y opinión.
'Las observaciones fundamentales
de la ANP están referidas a las excepciones previstas en el articulo 42 y la
posibilidad de sumar un cantidad indeterminada de nuevas excepciones que abre
el artículo 43, al facultar a los cuatro poderes a decidir al respecto. En
merito al pedido de propuestas concretas la ANP sugiere fundir esos dos
artículos en uno solo', señaló.
Sugirió que las excepciones se
refieran a información secreta y reservada o confidencial del Estado
Plurinacional referidas exclusivamente a temas de seguridad interior y exterior
del Estado, que deberá definirse mediante Ley expresa debidamente justificada.
Por su parte, el presidente de la
Asociación Nacional de Periodistas, Ronald Grebe, explicó que esa institución
elaboró una propuesta junto con la Asociación de Periodistas de La Paz, la
Fundación Construir y Bolivia Transparente, que plantea que el proyecto debería
contemplar un concepto similar a la normativa interamericana, que establece el
principio de 'máxima divulgación'.
'El tratamiento de una ley de
acceso a la información necesariamente debería ir de la mano de una ley de
archivo, que dicte los lineamientos que deben cumplirse al momento de la
clasificación, guarda y cuidado de la información, más aún cuando hay información
que puede o debe ser desclasificada en los años posteriores', dijo.
A su turno, el representante de
la Fundación Unir, Erick Torrico consideró que las excepciones establecidas
deben ser fijadas de 'una sola vez y con la mayor precisión posible' porque -a
su juicio- no se puede dejar abierto el margen para que posteriormente a la
puesta en vigencia de la Ley aparezcan nuevos criterios y clasificación de la
información.
'Todas las información que
manejan las entidades públicas debieran ser clasificables en los tipos que
deben establecerse de una vez en esta Ley', fundamentó.
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