LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- Las defensorías del pueblo de Bolivia y México
pactaron un acuerdo de tres años, para proteger los derechos humanos de los
migrantes bolivianos y mexicanos en ambos países, informaron el miércoles
fuentes oficiales.
'Nuestros hermanos que viven en
México o se encuentran temporalmente en ese país, y que sean sometidos a
vulneración de sus derechos, no sólo tendrán nuestra protección, sino también
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país', dijo el Defensor
del Pueblo, Rolando Villena.
Explicó, citado en un boletín de
prensa de su despacho, que lo propio
ocurrirá en el caso de los connacionales mexicanos en Bolivia, que serán
defendidos en sus derechos por la Defensoría del Pueblo.
Villena recordó que la migración
y sus consecuencias como la trata y tráfico de personas y la explotación
comercial y sexual se han generalizado y globalizado y muchas veces bolivianas
y bolivianos son víctimas de estos delitos en países donde no encuentran
ninguna protección.
'Con este acuerdo, pretendemos
hacer realidad los principios de nuestra política institucional que señala que
ninguna persona es ilegal, que la migración es un derecho humano y que se debe
globalizar el ejercicio pleno de los derechos humanos', indicó.
Ese acuerdo fue suscrito en
diciembre de 2013 por el Defensor boliviano Rolando Villena y el Presidente de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Raúl Plascencia.
Ese documento establece, que se
'desarrollará proyectos conjuntos que tengan por objetivo la protección y
promoción de los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos migrantes,
bolivianas y bolivianos en México y de las mexicanas y mexicanos en Bolivia'.
También la colaboración entre
ambas Defensorías para contribuir a su fortalecimiento como órganos llamados a
asegurar el sistema democrático, la protección y el cumplimiento de los
derechos humanos; fomentar una cultura de protección y promoción entre las
sociedades de ambos países
Además de colaborar en el
establecimiento y consolidación de instituciones nacionales de promoción y
protección de los derechos en el mundo; unir acciones y recursos e intercambiar
experiencias para la capacitación y formación de su personal.
Se acordó además, la asistencia
técnica para el tratamiento de temas inherentes a la competencia de ambas
instituciones, intercambio de información, cooperación técnica, informática y
bibliografía de mutuo interés, compartir experiencias sobre investigación de
quejas, políticas públicas, conflictos, derechos de pueblos indígenas y proceso
de comunicación y educación en derechos humanos.
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